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El diputado del PAN explicó que de manera recurrente se presentan casos donde ciudadanos son víctimas de la actividad irregular del Estado ya sea por omisión, exceso o deficiencia en el cumplimiento de las leyes por parte de los servidores públicos

El Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete celebró el consenso logrado en el Congreso del Estado para la aprobación del Dictamen que contiene tanto la iniciativa del Ejecutivo del Estado, como la presentada por él, ambas para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Coahuila, que establece las bases para que los ciudadanos ejerzan el derecho a la indemnización por daños y perjuicios que le sean ocasionados por alguna autoridad.

El Diputado del PAN explicó que de manera recurrente se presentan casos donde ciudadanos son víctimas de la actividad irregular del estado ya sea por omisión, exceso o deficiencia en el cumplimiento de las leyes por parte de los servidores, también existe el caso de servicios públicos de la administración estatal o municipal prestados con deficiencia o negligencia.

Por esto, el 2 de mayo de 2017 como ciudadano, y posteriormente el 19 de junio de 2019 como diputado local, presentó la iniciativa para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Coahuila, que estableciera el procedimiento para reclamo del pago de responsabilidad patrimonial del Estado o de los Municipios, además de precisar que anualmente se deberá designar una partida presupuestal para tal fin.

Su iniciativa contempla que las indemnizaciones comprenderán los daños y perjuicios reales que sean consecuencia inmediata y directa de la actividad administrativa pública irregular del Estado o del Municipio, sin que existan límites o candados en el monto del pago, lo que garantiza que la indemnización será proporcional al daño ocasionado, no menor.

Otro de los puntos importantes del proyecto de ley, es que establece de manera clara los alcances y los conceptos de sujetos obligados y afectados con derecho a ser indemnizados.

Asimismo define lo que debe entenderse por actividad administrativa irregular y las causales en que se exime a los entes públicos al pago de la indemnización, entre otras disposiciones.

“El objetivo a mediano y largo plazo es que cada servidor público valore su responsabilidad y haga las cosas bien a la primera, nada de hacer cosas para simular o al "Ahí se va" señaló tras la aprobación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Coahuila la tarde de este lunes en la Sesión del Primer Periodo Extraordinario.