Se quedan en corporaciones miles de policías reprobados, sólo dan de baja a 1.4%

Nacional
/ 9 febrero 2020

El año pasado 26 mil 700 policías no pasaron exámenes de control y confianza

CDMX.- Sólo 392 de 26 mil 700 policías municipales, estatales y federales que no acreditaron los exámenes de control y confianza entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado fueron dados de baja de la corporación; es decir, 1.4%, según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estipula que el policía que no acredite los exámenes tiene que ser separado de su cargo. Así, las autoridades de los tres niveles de gobierno indemnizaron apenas a uno de cada 100 uniformados en 2019.

A nivel nacional 392 agentes fueron dados de baja por no pasar las pruebas de control y confianza, el año pasado; 224, por abandono de empleo; 37, por abandono del servicio; 26, por faltar en más de tres ocasiones en un mes, según el documento del SESNSP.

Se debe reinstalar a policías que logren demostrar su inocencia”.

La información señala que Jalisco (2.7%), Tlaxcala (13.2%), Baja California Sur (13.9%) y Ciudad de México (14.3%) encabezan la lista con el menor porcentaje de personal de seguridad pública con Certificado Único Policial, que incluye la evaluación de control de confianza, desempeño, competencia y formación inicial.

En contraste, Querétaro (96.4%), Colima (86.9%), Guanajuato (81.7%), Baja California (81.2%) y Durango (76.5%), ocupan los primeros lugares.

El extitular de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, señaló que los exámenes de control y confianza se concentran en el polígrafo, lo que consideró como un “mecanismo subjetivo e inquisitorial”.

Además, reiteró que es necesaria una reforma al artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política, el cual, a su parecer, discrimina a los operadores del sistema de justicia penal, es decir a policías, ministerios públicos y a peritos, que no pueden ser reinstalados en su puesto, aún cuando hubieran demostrado su inocencia en un proceso penal.

“El título quinto deriva del artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución que contraviene el primero del mismo texto, pues es discriminatorio y profundamente injusto”, sostuvo en entrevista.

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