Si la deuda de Coahuila es ilegítima, ¿por qué deberíamos seguir pagándola?

El viernes pasado terminó la penúltima etapa del proceso para la tercera reestructuración de la deuda pública de Coahuila, esta vez hasta por 37 mil millones de pesos. Y el próximo martes 23 de octubre, si no sucede nada extraordinario, la Secretaría de Finanzas dará el fallo acerca de cuál de los seis bancos en la puja será el ganador.

No se trata de pedir más dinero. La entidad lo tiene prohibido en 2018, de hecho. Por el contrario, significa renegociar los créditos actuales para disminuir la tasa de interés mensual a cambio de aumentar más años al plazo de pago. No importan, por tanto, las presuntas propuestas bancarias ni el monto de éstas.

A decir de Finanzas, todavía cabe la posibilidad que, tras cuatro juntas de aclaraciones y tres meses de negociación, nos quedemos como estamos: con tasas de interés interbancario cada vez más altas, incontrolables y determinadas por el Banco de México, lo cual supone destinar mayores recursos año tras año a un pozo sin fondo.

Esta es, hasta aquí, la historia oficial; la narrativa que impone Gobierno del Estado para hacernos creer que no existen otras alternativas. Favorable, desde luego, a las instituciones de crédito y a los políticos involucrados.

Pero también se puede pensar fuera de la caja.

Éric Toussaint, belga fundador del “Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo”, con base en Bruselas, ha publicado un libro revelador denominado “Sistema deuda: historia de las deudas soberanas y de su repudio” (2018). El académico sabe de lo que habla. No es mera doctrina ni utopía. En 2007, por ejemplo, asesoró al Gobierno de Ecuador y desconoció con éxito parte de su deuda pública por considerarla “odiosa”. Lo interesante del tema es que dicha acción no provocó la pérdida del acceso al crédito internacional como represalia.

Para que una deuda sea considerada ilegítima, justo es decirlo, es necesario que haya sido contraída para servir a los intereses de una minoría privilegiada, no al interés general. Y eso fue precisamente lo que sucedió en Coahuila. Entre 2009 y 2010 se contrataron seis créditos por 5 mil 300 millones de pesos con documentos falsos: decretos apócrifos, simulando ser publicaciones del Periódico Oficial del Estado.

Al trascender el asunto a la opinión pública, y destaparse la cloaca, el Congreso del Estado sirvió en 2011 para ‘sanear’ –por decirlo de alguna manera- los contratos viciados de origen, y la mayoría priísta autorizó reestructurar por primera vez la deuda contratada en condiciones leoninas e ilegales, lo cual sirvió básicamente para borrar el nombre de Javier Villarreal, ex Tesorero del Estado y hoy testigo protegido en Estados Unidos, en los documentos.

Recuerde bien –y para toda la vida, de ser posible- los nombres de quienes votaron a favor: Enrique Martínez Morales, Hilda Flores Escalera, Verónica Martínez, Salvador Hernández Vélez, Shamir Fernández, Fernando de las Fuentes, Francisco Tobías, Boreque Martínez, Jesús Mario Flores Garza, Salomón Juan Marcos Issa, Rogelio Ramos Sánchez, Jessica Agüero, Luis Gerardo García Martínez, Ignacio Segura Teniente, Jaime Russek Fernández, Raúl Onofre Contreras, Osvelia Urueta Hernández, José Antonio Campos Ontiveros, Juan Francisco González y Cristina Amezcua.

No se pueden obtener distintos resultados haciendo exactamente lo mismo. Cada tres años el hoyo se tapa y se abre otro de la misma dimensión. Lo hizo en 2011 el ex Gobernador y hoy prófugo de la justicia, Jorge Torres, y lo hizo Rubén Moreira en 2015. Ha sido un lastre los 8 años anteriores y puede serlo los próximos 30 ó 40.

Actualmente la gestión de Miguel Riquelme sirve de muy poco, por no decir nada. El ahorro producto de la reestructura, de acuerdo con el Gobernador, será de “entre 400 y 450 millones de pesos” (El Siglo de Torreón, 10/08/18). Sólo en el primer semestre del año, para dimensionar, la administración estatal gastó 466 millones en publicidad (o repetir hasta el hartazgo la frase huera “Fuerte, Coahuila es”), y para la segunda mitad se proyecta gaste otra cantidad similar.

Urgen soluciones distintas. No sirve patear la lata ni estirar el chicle ni escurrir el bulto, como se ha hecho en los últimos dos sexenios para que otros, quienes vengan, quienes sean, se hagan cargo del problema diferido. Administrar la quiebra, pues. Que la bomba de tiempo explote a otro en las manos.

CORTITA Y AL PIE

Algunos dirán que, al registrarse la deuda estatal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el caso trasciende al plano Federal y la entidad no puede, por consecuencia, actuar por su cuenta. Cuestión de analizar los límites jurídicos del Federalismo.

En México ya existen antecedentes de repudiación: en 1867, con Benito Juárez; en 1914, durante la Revolución, y en 1942 con Lázaro Cárdenas. Curiosamente durante las tres transformaciones que identifica Andrés Manuel López Obrador, quien aspira a una cuarta.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Digámoslo con todas sus letras: los bancos no fueron víctimas de los funcionarios voraces, sino cómplices. No nos tiran un salvavidas temporal con la tercera reestructura, simplemente nos aflojan un poco la bota del cuello y los perpetradores se salen con la suya.

El 1 de julio 610 mil coahuilenses votaron por un cambio en la historia. Se puede materializar esa intención, y la opción es clara: repudiar y anular la deuda contratada con documentos falsos, misma que asciende a 5 mil 300 millones de pesos. Y eso que no estamos hablando de los 18 mil millones obtenidos mediante créditos que nunca entraron a la cuenta pública 2010.

Ahí también hay materia.

@luiscarlosplata