Los 'súperpoderes' que obtuvo AMLO durante emergencia por coronavirus

Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado decretos presidenciales y ha propuesto iniciativas en torno a diferentes aspectos de su administración para hacer frente a la crisis; sin embargo, no ha quedado exento de los señalamientos y críticas.

Algunas de las medidas han ido desde endurecer la austeridad republicana, pasando por intentar reformar la Ley de Presupuesto o realizar compras de insumos médicos sin una licitación pública, hasta entregar microcréditos para los pequeños y medianos empresarios que no despidieron a sus empleados durante este periodo.

El endurecimiento de la austeridad

El 23 de abril se publicó un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación a partir del cual se estipuló que se reduciría el salario de los altos funcionarios en un 25 por ciento. Esta medida, según el documento se debería realizar de manera progresiva y se mantendría vigente hasta diciembre de 2020. Además, en el oficio también se señala que los miembros que ocupen altos puestos en su administración “no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica desde el subdirector hasta el presidente”, señaló. Aunque cabe destacar que esta medida se implementará “de forma voluntaria”. Asimismo, López Obrador enlistó otras medidas, entre las cuales se encontraban no despedir a ningún trabajador del Estado, pero, al mismo tiempo, no aumentar el personal; la desaparición de subsecretarías; mantener las Tandas para el Bienestar, así como la atención y las medicinas gratuitas; y la continuidad de las mega obras como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles.

“Todo esto es para proteger al 70% de los mexicanos y a 25,000,000 de hogares, sobre todo en sectores pobres y clases medias. Todo sin aumentar impuestos ni el precio de combustibles”, aseguró.

En este sentido, López Obrador, dijo que aumentaría el presupuesto destinado a programas sociales y proyectos prioritarios en unos USD 25,620 millones con el fin de enfrentar la crisis derivada del coronavirus, la cual ha agravado la recesión económica en el país.

La polémica iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto

El jueves 23 de abril, el presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, cuyo objetivo era otorgarle la facultad de reorientar el presupuesto de egresos ante emergencias económicas, como la que ocurre en estos momentos a causa del Covid-19. La propuesta presidencial plantea que las adecuaciones al presupuesto tendrían como finalidad “mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la administración pública federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”. Es decir, su objetivo sería que López Obrador fuera el único que pudiera decidir en qué se debe gastar el dinero público y cuáles son los proyectos prioritarios a los que debe canalizarse el presupuesto federal. Para lograrlo, buscaría reformar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de incluir un artículo transitorio.

No obstante, la propuesta ha encendido los focos rojos de la clase política, incluso dentro del partido fundado por el propio López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde Porfirio Muñoz Ledo se ha convertido en una de las voces más críticas del presidente.

Cuando se dio a conocer esta iniciativa, el diputado Muñoz Ledo, aseguró que al interior de la fracción parlamentaria de su partido se tomó “posición en contra de otorgar facultades unipersonales al Ejecutivo al margen de la Constitución”.

Y es que, advirtió, el presidente “está cayendo en la tentación de concentrar cada vez más poder” y al hacer caso a los “consejeros que le dicen que puede tener todo el control”, puede incurrir en excesos como la violación de la división de poderes, así como de la Constitución, la cual, en su artículo 49, prohíbe expresamente que no pueden reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación.

Hacer uso de recursos médicos del sector privado

Otra de las medidas que implementó para enfrentar la crisis sanitaria se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo. En el documento se indica que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 184 de la Ley General de Salud, se podrán llevar a cabo acciones extraordinarias entre las que destacan “utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia sociales de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y colindantes”.

Además, señala que la Secretaría de Salud tendrá la capacidad de adquirir bienes y servicios sin importar que sean locales o internacionales. Los elementos que hace mención el oficio son equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico, de curación, productos higiénicos, además de todo tipo de mercancías necesarias para hacer frente a la contingencia.

Realizar compras sin licitación

En el artículo segundo de este mismo decreto también se puntualiza que la dependencia podrá "autorizar la importación de los bienes y servicios sin la necesidad de agotar trámite administrativo alguno”. Es decir que durante el tiempo del estado de emergencia, no se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación pública.

Sin embargo, eso le ha significado relevantes críticas, pues de acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, obtuvo al menos siete contratos de esta manera, que en conjunto ascienden a una cantidad de 162,000,000 de pesos, con dependencias gubernamentales como el Ejército, la Marina y el ISSSTE.

Actualmente, el ISSSTE se encuentra enfocado en atender la actual pandemia mundial por coronavirus en México; sin embargo, dio sin licitaciones un contrato por poco más de 94,000,000 de pesos, amparado en estas reglas de compra establecidas durante la contingencia sanitaria.

El acta de adjudicación directa, identificada con el número AA-051GYN020-E6-2020, fue emitida el pasado 30 de abril. En este acuerdo, se autoriza al hijo del funcionario para proveer equipos de “ultrasonido torácico (portátiles de mesa) para tórax y pulmón”.

Otro contrato sin licitación que mencionó Loret de Mola es el que tuvo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual se realizó para obtener “servicios de mantenimiento integral plurianual 2020-2023”. Este se identifica bajo la numeración AA-007000999-E684-2019, en el portal Compranet.

Con la Secretaría de Marina, el periodista informó que el contrato ascendió a 4,900,000 de pesos. La adjudicación AA-013000999-E379-2020 es para “servicio de mantenimiento preventivo en dos sesiones y todos los correctivos a 01 sistema de cirugía robótica asistida para atención”. Este se firmó y comenzó a ser vigente el pasado 10 de abril.

Además, la senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, denunció este jueves a León Manuel Bartlett Álvarez, y a su padre, ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en la venta de ventiladores al IMSS a través de la empresa Cyber Robotics Solutions.

Atención obligatoria a no derechohabientes del IMSS

Una de los cambios más significativos para la población ante la pandemia del nuevo coronavirus fue que todas las personas, aunque no fueran derechohabientes del IMSS, recibirían atención médica. Así lo dijo el viernes 1 de mayo durante su conferencia matutina, con base en el artículo cuarto de la Constitución, el cual dicta que todos los hospitales están obligados a atender a los enfermos en una situación como la actual.

“Por encima de todo está la Constitución, ahí se establece el derecho del pueblo a la salud, no es sólo para emergencias, nosotros llevamos a cabo una reforma para que se garantice el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos”, recordó López Obrador.

Además de las declaraciones que realizaron las autoridades, el directo del instituto, Zoé Robledo, también ha apeló al artículo 216 de la Ley del Seguro Social, el cual señala que cualquier persona no derechohabiente deberá recibir atención en casos de emergencia nacional. “El ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, proveerá los recursos financieros necesarios para resarcir al instituto de los gastos en que incurra”.

Liberación de presos para mitigar contagios en las prisiones

El lunes 20 de abril se aprobó la Ley de Amnistía en lo general y en lo particular. En apenas unas horas, los senadores decidieron darle el visto bueno y no realizar ningún cambio en el documento que la Cámara de Diputados aprobó en diciembre, el cual había sido propuesto por el propio López Obrador.

La ley contempla liberar a personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por delitos contra la salud, como portación de drogas, aborto, además de robo simple y sin violencia ni armas de fuego. También contempla a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete.

El oficio precisa que los beneficiados de la amnistía deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal; y que no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

Cabe mencionar que sobre el aborto, la medida incluye a la mujer que interrumpió el embarazo, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras practicantes del procedimiento; respecto a los presos políticos, únicamente se exceptuará a los que hayan cometido terrorismo.

Gobierno entregó microcréditos con base en opaco Censo

Ante la crisis económica que vive México por el impacto del coronavirus, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció millones de microcréditos de financiamiento a empresas familiares registradas en el Censo del Bienestar, así como prestadores de servicios.

A partir de un decreto publicado el 15 de abril se señaló que se entregaría el apoyo “a la palabra” de 25,000 pesos destinado a pequeñas y medianas empresas (pymes), los cuales se repartirían en varios estados de la República Mexicana en negocios como zapaterías, pastelerías, joyerías, fondas, papelerías y carnicerías, entre otros.

El criterio para considerar a los beneficiarios del préstamo que comenzó a distribuirse a partir del lunes 27 de abril se basó en el Censo del Bienestar para que, según declaraciones de Graciela Márquez, secretaria de Economía, fueran repartidos en las zonas más afectadas por la contingencia del Covid-19.

Sin embargo, la opacidad respecto a la realización del censo entre 2018 y 2019 ha sido un elemento que no ha logrado explicar la administración actual, pues de acuerdo con información del portal Animal Político, no se conoce cuánto costó, a quiénes censó o algunas características de las personas registradas.

Sobre este tema, Gabriel García Hernández, coordinador general de programas para el desarrollo de la oficina de presidencia, únicamente ha mencionado que se visitaron 300,000 localidades y colonias del país, donde se entrevistó a “30,000,000 de personas”, pero no existen datos públicos oficiales que permitan verificar esas declaraciones.