Víctimas de abuso policial en Atenco aguardan veredicto clave en su denuncia contra el Estado mexicano
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Fuentes con acceso al proyecto de sentencia adelantaron a Newsweek en Español que la Corte IDH está próxima a ordenar al Estado mexicano una investigación exhaustiva sobre hechos que involucraron directamente a Enrique Peña Nieto, cuando fungía como gobernador del Estado de México, por el operativo de 2006 en San Salvador Atenco
Durante 12 años han buscado la justicia y su lucha está próxima a recibir un veredicto. Las 11 mujeres que demandaron al Estado mexicano por ser torturadas y abusadas sexualmente en el operativo policial de San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, aguardan la sentencia que dará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Para el sistema de justicia internacional, el caso “número 12846 Mariana Selvas Gómez y otras contra México” sienta un precedente en lo respectivo a la responsabilidad que los Estados tienen al recurrir a la tortura sexual como arma de guerra y quienes forman parte de la cadena de mando durante operativos.
En su fallo, fuentes de información que han tenido acceso al proyecto de sentencia adelantan a Newsweek en Español que la Corte IDH está próxima a ordenar al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva sobre hechos que involucraron directamente a Enrique Peña Nieto cuando fungía como gobernador del Estado de México y mandos del mayor nivel jerárquico en el operativo de San Salvador Atenco, así como a sus subordinados.
Tocaría a Andrés Manuel López Obrador, quien lo sucederá en el cargo si acata el fallo, investigar a su predecesor en la presidencia, pese a la transición de terciopelo entre el gobierno saliente y el electo. “Justicia es la reivindicación de nuestro nombre más allá del estigma de ser ‘las violadas de Atenco’”, dicen las víctimas en voz de Italia Méndez.
Durante 12 años han buscado la justicia y su lucha está próxima a recibir un veredicto. Las 11 mujeres que demandaron al Estado mexicano por ser torturadas y abusadas sexualmente en el operativo policial de San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, aguardan la sentencia que dará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Para el sistema de justicia internacional, el caso “número 12846 Mariana Selvas Gómez y otras contra México” sienta un precedente en lo respectivo a la responsabilidad que los Estados tienen al recurrir a la tortura sexual como arma de guerra y quienes forman parte de la cadena de mando durante operativos.
En su fallo, fuentes de información que han tenido acceso al proyecto de sentencia adelantan a Newsweek en Español que la Corte IDH está próxima a ordenar al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva sobre hechos que involucraron directamente a Enrique Peña Nieto cuando fungía como gobernador del Estado de México y mandos del mayor nivel jerárquico en el operativo de San Salvador Atenco, así como a sus subordinados.
Tocaría a Andrés Manuel López Obrador, quien lo sucederá en el cargo si acata el fallo, investigar a su predecesor en la presidencia, pese a la transición de terciopelo entre el gobierno saliente y el electo.
“Justicia es la reivindicación de nuestro nombre más allá del estigma de ser ‘las violadas de Atenco’”, dicen las víctimas en voz de Italia Méndez.
Cumplimiento obligado Acatar la sentencia del caso Atenco supondrá para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una “responsabilidad de liderar y articular con el resto de los poderes de la Federación el cumplimiento cabal en los plazos establecidos por la Corte”.
Así lo considera Marcela Martino Aguilar, subdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Además, considera la abogada, ello supone incorporar “la mirada y reivindicación de las víctimas que tuvieron que acudir a un sistema internacional de protección al no haber encontrado una plena reparación de las violaciones de las que fueron víctimas en el Estado [mexicano]”.
El Cejil es un centro jurídico que se especializa en la legislación y los acuerdos que rigen el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En entrevista telefónica desde su oficina en Costa Rica, Marcela Martino explica a Newsweek en Español que no es un asunto de voluntad sino que México, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Convención Americana de Derechos Humanos, “está obligado a dar pleno cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana, que es el más alto tribunal en esa materia”.
El eventual incumplimiento, opina, “enviaría un grave mensaje, pues el derecho internacional y la propia Carta de la OEA establece que es la norma que debe regir la conducta de los Estados”…
