Torreón no tenía personal ni recursos para atender resoluciones de la SCJN: Rossique

Torreón, Coahuila.- El municipio no pudo atender en forma inmediata las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si se pagaban los amparos que se promovieron por un vacío que existía en la ley de Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, el Ayuntamiento quedaría inoperante por insuficiencia de recursos, aseguró el ex tesorero municipal, Pablo Chávez Rossique.

Evidentemente hay circunstancias, ya que no fueron los únicos tres asuntos que existieron, sino que fueron mil 264 juicios de amparo los que se atendieron con promedios de 30 casos mensuales y de pronto llega una oleada de solicitudes de devolución por fallas que había en la ley, explicó.

La SCJN, a través del pleno el día de ayer decidió sancionar al ex tesorero Pablo Chávez Rosique; a Roberto Flores Zamudio, jefe de catastro municipal y a Juan Ángeles Salas Rochas, encargado de verificar el catastro municipal, por no haber cumplido en tiempo tres juicios que fueron promovidos ante los juzgados de distrito locales entre el 2012 y 2013.

En esto caben muchas hipótesis y muchas acciones que seguir, dijo el ex funcionario. La decisión que ha tomado la corte obliga a atenderla, porque al decidir que una persona sea consignada por los motivos que fueron dirimidos, preocupa dentro de un proceso y una averiguación.

Dijo que fue un volumen impresionante de amparos los que se recibieron que la Tesorería Municipal se vio desmedida para solventar cada uno de ellos.

Sin embargo, aceptó que evidentemente para esto no hay disculpa, pero el hecho de haber atendido mil 264 amparos y tres se cumplieron extemporáneamente, eso me deja en un estado de shock y se tiene que aclarar en un siguiente proceso el por qué no fueron atendidos oportunamente.

La corte lo que reclama no es que se hayan dejado de cumplir, se cumplieron pero no en los términos que la corte señala.

Indicó que dentro de este proceso que se va a abrir en contra de ex funcionarios de la Tesorería Municipal, obliga a revisar el criterio de la corte, aclarar y aportar pruebas sobre la actuación de esta forma.

Torreón, en aquel momento, aparte del volumen de amparos, no se tenía el tiempo ni el personal, porque la ley de amparo daba tiempos muy cortos, para que las resoluciones fueran cumplidas y no se tenía la capacidad de atención inmediata como lo reclamaba la ley, expuso.

Manifestó que esto no es una disculpa, sino una explicación del por qué fue que se actuó así, independientemente de los tiempos que eran tan cortos, no había una partida presupuestal, por lo que se tuvo que programar la devolución del ISAI para no caer en una inoperancia.

Si se pagan los 30 millones de pesos a las personas que reclamaban la devolución, se tendría que dejar de pagar otras obligaciones necesarias para la operación del municipio, como temas de seguridad, de nómina, de energía eléctrica, etcétera.

La corte va a mandar el expediente ya integrado con sus puntos resolutivos y dará indicaciones precisas al juez de la causa y ahí se abrirá el proceso de consignarlo ante el agente del Ministerio Público y ahí es donde se inicia la defensa del caso.

Por su parte, el alcalde Miguel Riquelme, declaró que la pasada administración de Torreón cuenta con el apoyo de la actual gestión municipal para defenderse de los juicios de amparo por el pago del ISAI.

Enfatizó que no existe ningún fondo político en la resolución que emitió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación.