A dos años de la reforma, Coahuila no aplica restricciones a deudores

A pesar de que hace dos años se realizó una reforma federal que busca garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia, Coahuila aún no ha implementado las restricciones para los deudores morosos.

Esta reforma, que modificó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que los deudores alimentarios deben ser incluidos en un registro nacional, y que un certificado de no inscripción sea un requisito para diversos trámites como la solicitud de matrimonio, licencias de conducir, pasaportes y actos notariales.

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Sin embargo, en Coahuila, el portal de Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETYS) aún no incluye este certificado como requisito indispensable para los trámites mencionados, a pesar de que la reforma ya tiene dos años. El portal solo solicita documentos como actas, CURP e identificación, omitiendo el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Cabe recordar que antes de esta reforma, el registro en Coahuila ya existía y, en 2011, se modificó el Código Civil de Coahuila, incorporando este certificado como requisito para la solicitud de matrimonio, aunque esta disposición tampoco se refleja en los trámites actuales.

En el estado, según datos del Inegi, se estima que más de 20 mil madres solteras asumen solas los gastos de sus hijos, pero el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) solo tiene 229 registros, lo que evidencia la falta de impulso y difusión de este mecanismo.

Además, el Código Penal de Coahuila, en su Artículo 255, establece sanciones penales, incluidas multas y prisión, para quienes incumplan con el pago de pensión alimenticia.

Ante la falta de implementación de la reforma en la entidad y la gran cifra de niños que no reciben una pensión alimenticia, resulta urgente que las autoridades tomen las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de este derecho y sean aplicadas sanciones a los deudores morosos de manera efectiva, protegiendo así los derechos de los niños y adolescentes.