Acechan delitos de alto impacto a niños y adolescentes coahuilenses: colectivos
En los últimos tres años, niñas, niños y adolescentes de Coahuila viven en riesgo de ser víctimas de delitos de alto impacto, principalmente de delitos sexuales. Así lo señalaron colectivos feministas y activistas por los derechos de infancias y adolescencias en la entidad, los cuales concluyeron que Coahuila le ha fallado a su población menor de 18 años.
“Habiendo terminado este trabajo, que nos llevó más de dos años, nos queda la impresión de que hemos fallado a las infancias: el Estado, medios masivos de comunicación, la sociedad civil organizada y no organizada, sector privado, iglesias, feministas...”, refiere el prólogo del informe presentado este lunes en el municipio de Torreón, en la región Laguna del estado.
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El documento se basa en una investigación realizada por los activistas Ariadne Lamont Martínez y Jairo Edgardo Torres, quienes detectaron que desde antes de la emergencia sanitaria por COVID-19, Coahuila registraba delitos de alto impacto que dejaron víctimas a niños y niñas. “Pero, durante el confinamiento vimos un incremento en ciertos crímenes, sobre todo delitos sexuales”.
De acuerdo con el censo de población y vivienda del estado de Coahuila de Zaragoza, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), la población menor de 18 años de edad suma 982 mil 841 niñas, niños y adolescentes, lo que equivale al 31.23 por ciento de la población total de la entidad.
Información del Poder Judicial del Estado utilizada para este informe, reveló el explosivo incremento de delitos sexuales resueltos en juzgados.
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Respecto al delito de violación equiparada cometida en persona menor de 15 años, el Poder Judicial de Coahuila en 2017 resolvió 15 casos; para el año 2021, la cifra se incrementó a 53. En materia de abuso sexual, este mismo poder del estado resolvió en 2017, cuatro casos, que para 2021 alcanzaron los 63 casos.
El Poder Judicial del Estado registró un aumento en los delitos sexuales contra menores; este órgano a cargo del magistrado Miguel Mery Ayup, resolvió en 2021, a través de sus órganos jurisdiccionales: 53 casos de violación equiparada en persona menor de 15 años y 63 casos de abuso sexual a persona menor de 15 años.
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Lo anterior, constituye las cifras más elevadas en el período 2017- 2021. “Por esta razón, se apunta como prioritario reforzar las políticas y acciones para garantizar la erradicación de estos sucesos y, en caso de ocurrencia, obtener procesos justos y equitativos”, explica el informe.
De acuerdo con los colectivos feministas y defensores de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el proyecto propone la necesidad de instalar una Alerta por los Derechos de las Infancias derivada de todos los hallazgos. La tendencia al alza refleja que la autoridad no garantiza el derecho de esta población afectada a la no repetición de las conductas delictivas.
