Aprueba Congreso de Coahuila Informe Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública 2024

Con 19 votos a favor y 5 en contra, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó este jueves el Informe Anual de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2024.

El dictamen establece que el informe fue presentado en tiempo y forma por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, conforme a lo dispuesto en la Constitución local y en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado. Con su aprobación, se da por concluida la fiscalización superior del ejercicio 2024, sin que ello suspenda el trámite de las acciones promovidas por la autoridad fiscalizadora.

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Asimismo, se instruyó a la Auditoría Superior a continuar el seguimiento de las acciones y recomendaciones emitidas, y se exhortó a las entidades fiscalizadas, en particular a sus órganos de control interno, a atender las observaciones derivadas de la revisión.

Según el dictamen, la fiscalización incluyó visitas domiciliarias y revisiones de gabinete a 145 entidades sujetas a control, con un total de mil 444 auditorías. De estas, 897 fueron de cumplimiento, 45 de cumplimiento en programas de inversión y obra pública, 143 de legalidad, 180 de desempeño y 179 financieras. Los resultados se integran en el informe correspondiente al año 2024.

El documento también incorpora una propuesta de reforma a la Ley de Rendición de Cuentas estatal para establecer una etapa formal de seguimiento, con el fin de que las entidades fiscalizadas cuenten con plazos adicionales para presentar documentación y aclarar irregularidades detectadas.

En materia financiera y de legalidad, el informe detalla la revisión de procesos contables, presupuestales y operativos, así como el manejo de ingresos y egresos, incluyendo la fiscalización de programas de inversión y obra pública. En cuanto al desempeño, la Auditoría evaluó el cumplimiento de metas e indicadores aprobados en el presupuesto y precisó las recomendaciones que no fueron atendidas en los plazos establecidos.

También se revisó el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y se realizaron estudios especiales sobre armonización contable, calidad de la información pública y procesos presupuestales estatales y municipales. A nivel estatal se analizaron 14 programas sectoriales bajo lineamientos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y su vinculación con la Agenda 2030.

La discusión previa a la votación incluyó un intercambio entre el diputado Antonio Attolini Murra y la diputada Edna Dávalos Elizondo, coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública.

Attolini cuestionó el alcance del dictamen y señaló que la fiscalización carece de consecuencias tangibles. “Una fiscalización sin consecuencias es solo estadística”, afirmó, al sostener que deben existir sanciones cuando se detecten irregularidades.

En respuesta, Dávalos indicó que la aprobación del informe no implica exonerar cuentas públicas, sino constatar que la Auditoría cumplió con los procedimientos legales.

“La Auditoría no tiene la facultad de sancionar ni arrestar; su función es informar y dar vista a las autoridades competentes”, puntualizó.

Tras el debate, la mayoría legislativa avaló el dictamen y con ello se formalizó la conclusión del proceso de fiscalización superior correspondiente al ejercicio fiscal 2024.