Aprueba Congreso de Coahuila reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva
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El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución local en materia de igualdad sustantiva, impulsada por la diputada Luz Elena Morales. El objetivo es armonizar la legislación estatal con los cambios federales aprobados en 2024.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, establece la obligación del Estado de avanzar más allá de la igualdad formal. También plantea adoptar medidas que eliminen barreras estructurales que afectan principalmente a las mujeres.
Entre los cambios, se incorpora a nivel constitucional la perspectiva de género como criterio obligatorio en la actuación de autoridades. Además, se reconoce el derecho a una vida libre de violencia. También se establece la responsabilidad del Estado de impulsar acciones que reduzcan la brecha salarial entre hombres y mujeres.
La reforma modifica la forma en que deben interpretarse las leyes. Establece que las autoridades deberán aplicar el principio que más favorezca a las personas, considerando condiciones de desventaja. Asimismo, se introduce el enfoque de interseccionalidad en la impartición de justicia.
En el ámbito institucional, se plantea que corporaciones de seguridad, ministerios públicos y autoridades educativas deberán incorporar la perspectiva de género en sus funciones. Los ayuntamientos, por su parte, deberán adecuar sus reglamentos para garantizar estos principios.
Con los cambios, ahora la Constitución reconoce la diversidad de estructuras familiares. Se incorpora el concepto de “familias” para incluir distintos modelos existentes en la sociedad.
El dictamen también establece medidas en el ámbito laboral. Busca garantizar igualdad en procesos de contratación, permanencia y ascenso, así como prevenir la discriminación.
Tras su aprobación en el Congreso, la reforma será enviada a los municipios para su validación conforme al proceso constitucional. Una vez publicada, entrará en vigor al día siguiente. Las autoridades contarán con un plazo de 180 días para adecuar su normativa interna y capacitar a su personal.