Aprueba Congreso del Estado 500 millones para elecciones 2026 en Coahuila

Tras la aprobación del Paquete Económico de Coahuila para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso del Estado avaló dentro del Presupuesto de Egresos los recursos destinados al Instituto Electoral de Coahuila para la organización del proceso electoral en el que se renovarán las 25 diputaciones del Congreso local, de las cuales 16 serán electas por voto popular.

El monto autorizado para el órgano electoral asciende a 500 millones de pesos, cifra inferior a los 609 millones 472 mil 872.52 pesos solicitados inicialmente por el Instituto Electoral de Coahuila, lo que representa un ajuste a la baja de 109.4 millones de pesos.

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De acuerdo con la justificación presentada en el dictamen, los integrantes de la Comisión de Presupuesto realizaron un análisis del proyecto y sostuvieron reuniones con personal de la Secretaría de Finanzas y del propio instituto, con el objetivo de revisar el alcance de la iniciativa, aclarar dudas y contar con mayores elementos para la toma de decisiones.

El Congreso consideró que el proceso electoral local ordinario 2025-2026 no requiere la misma magnitud de logística ni de gasto que el proceso concurrente de 2024, en el que se renovaron cargos federales, estatales y municipales. En ese sentido, se señaló que para el próximo proceso se estima un gasto 23% menor en comparación con el ejercicio electoral anterior.

Asimismo, se destacó que en el proceso concurrente de 2024 el Instituto Electoral de Coahuila ejerció un presupuesto de poco más de 595 millones de pesos y logró devolver un remanente superior a los 31 millones de pesos al cierre del ejercicio, lo que fue considerado un antecedente de manejo responsable y transparente de los recursos públicos.

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Con base en estos elementos, el Congreso determinó que el monto autorizado es suficiente para atender las necesidades reales de la elección de 2026 y para garantizar la operación del órgano electoral, bajo criterios de eficiencia, austeridad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, sin afectar la legalidad ni la calidad del proceso electoral.