Aprueba Congreso del Estado reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Coahuila

Con 23 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Coahuila aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, propuesta por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que tiene como objetivo promover una mayor vinculación entre el gobierno y la ciudadanía, además de fomentar la innovación social en el estado. Esta reforma busca modernizar y optimizar la estructura administrativa para responder mejor a las necesidades actuales de la sociedad coahuilense.

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El principal cambio radica en la transformación de la Secretaría de Inversión Pública Productiva en la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva, que se encargará de coordinar esfuerzos entre el gobierno, los sectores sociales y empresariales para impulsar proyectos de innovación social y gestionar la inversión pública productiva.

Anteriormente, en las consideraciones de la propuesta, el Gobernador enfatizó la necesidad de conservar los aspectos positivos de la administración vigente, al mismo tiempo que se innoven las áreas susceptibles de mejora. La participación activa de los ciudadanos y de los sectores sociales y empresariales es vista como crucial para lograr una administración más efectiva y receptiva a las demandas de la población.

El Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029 prioriza la “Ciudadanía y Buen Gobierno” como uno de sus ejes fundamentales. En este marco, la nueva secretaría promoverá la inclusión de la ciudadanía en la formulación y ejecución de políticas públicas y establecerá mecanismos de diálogo y colaboración para garantizar que las necesidades de todos los sectores sean atendidas de manera efectiva.

La reforma también enfatiza la importancia de la responsabilidad social empresarial, estableciendo directrices y estándares para que las empresas operen en armonía con las políticas públicas y contribuyan al desarrollo sostenible del estado. La Secretaría de Vinculación Ciudadana se encargará de fortalecer la confianza entre empresas y sociedad, mejorar el clima para la inversión extranjera y fomentar la participación de las empresas multinacionales en proyectos de desarrollo sostenible.

Entre las atribuciones de la nueva secretaría se incluyen la elaboración y ejecución de acciones innovadoras en coordinación con distintos niveles de gobierno y sectores; la coordinación de la participación de los sectores público, social y privado en la formulación y ejecución de políticas públicas y programas de innovación social; la promoción de la responsabilidad social empresarial y el fortalecimiento de relaciones entre el gobierno y diversas organizaciones sociales; y la gestión y evaluación de proyectos de inversión pública productiva a través de asociaciones público-privadas.

La reforma también contempla la creación de mecanismos para la participación ciudadana en la planificación y evaluación de proyectos, así como la asesoría a grupos y organizaciones que busquen presentar iniciativas de innovación social.