Obradorismo: La ultra en el poder

En casi todo el mundo se ha socializado la idea de ultraderecha o ultraizquierda para caracterizar a un partido, personaje o proyecto político. En Estados Unidos son adjetivados como comunistas –que allá es algo peor que el demonio– para calificar a los políticos que suscriben el socialismo democrático, aunque tampoco son socialistas en estricto sentido, pero hacen oferta de campaña del tema de la asequibilidad (affordability). Esta corriente ha ganado terreno, lo que significa que EU vive un cambio en el electorado. La estigmatización ideológica no descalifica, por ejemplo, el triunfo de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York.

En México, en la misma línea de desacreditar o desautorizar moralmente al adversario, Morena y la misma presidenta Claudia Sheinbaum con frecuencia atribuyen la condición de ultraderecha a los adversarios y hasta a los medios de comunicación y líderes de opinión. Suscriben la tesis de la conspiración mundial conservadora que se sirve de medios, editorialistas o dirigentes políticos opositores. En días pasados, Andrés Manuel López Obrador calificó a varios periodistas, entre éstos a Carmen Aristegui, como neofascistas.

No es gratuito el exceso en el lenguaje político; siempre hay una intención. Cada vez se utilizan más y con mayor ligereza los calificativos para reprobar al adversario, sobre todo cuando se ha perdido el código de imparcialidad que debe suscribir cualquier autoridad. La presidenta Sheinbaum y la dirigencia de Morena recurren con frecuencia al calificativo de traidores a la patria y han logrado que la campaña nacional para la elección intermedia de la coalición gobernante sea la defensa de la soberanía, dejando de lado, por obvias consideraciones, la lucha contra la corrupción, la inseguridad o la pobreza.

Vendría bien calificar con un criterio razonable qué se quiere decir por ultraizquierda o ultraderecha, como también fascismo o sus equivalentes. La semántica en estos tiempos convulsos es un recurso que, si se maneja con descuido, compromete el fundamento de la democracia: la coexistencia de la diversidad. Aplicar calificativos inaceptables es una manera de rehuir el debate o el diálogo y anular la legitimidad de existencia del otro. El antagonismo tiene implícito en el otro la negación propia; hay que transitar a relaciones de diferencia para hacer posible la coexistencia. Se puede ser opuesto, pero no antagónico.

En estos términos se ganaría mucho con limitar la condición de ultra, no por la propuesta ideológica, sino por la postura respecto al régimen democrático y de derechos humanos. Por ejemplo, la ultraderecha de corte étnico, tan extendida en Occidente y que ha crecido en las democracias de Europa, sería tal en la medida en que rechace los derechos de las personas, no la migración. Una postura ultra es la deportación sin garantías o debido proceso. Que un partido o un político invoque estrictas medidas migratorias no lo hace de ultraderecha; sí que demande respuesta represiva y violenta, así como complacencia a la ilegalidad.

La situación es semejante para la izquierda. No vuelve ultra a quien se pronuncie por la estatización de los medios de producción o privilegie el gasto público, medidas asistencialistas o de clientelismo; puede ser calificado como radical, insensato o extremista, pero no de ultraizquierda. Es ultra cuando destruye las instituciones que posibilitan la salvaguarda de derechos o un régimen de justicia confiable. El fascismo está presente cuando se parte de una causa con supuesta superioridad moral y se recurre a la fuerza del Estado prescindiendo de su control constitucional para reprimir las libertades e imponer el proyecto propio.

El obradorismo ha sido un movimiento ultra, no por su oferta que, por cierto, abandonó casi desde el primer momento (al menos la de acabar con la corrupción y los privilegios), sino por su desdén a la legalidad y su negativa a la coexistencia de la diversidad. Ultra por ser contrario al diálogo y al acuerdo plural y, sobre todo, por su desprecio a los límites del poder, ya sean los controles institucionales, como la división de poderes y los órganos autónomos, o los de corte social, como la libertad de expresión y la concurrencia de las organizaciones civiles, fundamentales para el escrutinio al poder.

Es preocupante que, ante la crisis del régimen político, crezca la tentación de transitar hacia el fascismo, ya presente, que consiste en minar las libertades, la certeza y la tutela de derechos, depositar en los militares lo que pertenece a la autoridad civil y, sobre todo, la represión por la vía de la politización de la justicia, electoral o penal.