Aprueban nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila; desaparece el Consejo de la Judicatura

Tras las primeras elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio, en las que por primera vez se eligieron jueces y magistrados por voto popular, este lunes el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila.

Con la aprobación de esta nueva legislación, propuesta por el gobernador Manolo Jiménez, queda abrogada la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado vigente desde 1990, junto con todas sus reformas, reglamentos y normas secundarias, salvo algunas disposiciones que seguirán aplicándose de manera transitoria mientras se concreta la transición.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo ‘limpia su cielo’; retiran cableado en desuso del Distrito Centro de Saltillo, para mejorar imagen y seguridad

Entre los cambios más significativos se encuentra la desaparición del Consejo de la Judicatura, sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargará de las funciones de vigilancia y sanción, y el Órgano de Administración Judicial, responsable de la gestión operativa y financiera del Poder Judicial.

Este último administrará el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, financiado por multas, donaciones, cobro de derechos y sanciones económicas, cuyos recursos se destinarán a modernización, capacitación, estímulos y mejoras tecnológicas.

La nueva ley enfatiza la justicia abierta, con enfoque en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Además, se crea un Observatorio Judicial, un nuevo órgano colegiado que coadyuvará en la supervisión y vigilancia del Poder Judicial, identificando problemáticas y formulando propuestas de mejora en el marco de la justicia abierta.

Asimismo, se impulsa la justicia digital, mediante la implementación de expedientes electrónicos, audiencias virtuales, notificaciones digitales y el uso de herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar eficiencia y accesibilidad.

La ley establece un sistema institucionalizado para el ingreso, formación, evaluación y permanencia de servidores públicos del Poder Judicial, basado en principios como imparcialidad, probidad, independencia y paridad de género. El nuevo Instituto de Especialización Judicial, con autonomía técnica y de gestión, estará a cargo de los procesos de capacitación y profesionalización.

El proceso de transición hacia este nuevo modelo se desarrollará en un plazo máximo de dos años. Durante este periodo, se conformará una Comisión de Transición, integrada por el titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia —quien la presidirá—, un representante designado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, uno por el Congreso del Estado y otro por el Ejecutivo estatal.

Esta comisión tendrá la tarea de elaborar el Plan de Transición para guiar todas las acciones necesarias para implementar el decreto, incluyendo la reglamentación y la transferencia gradual y progresiva de las atribuciones de los órganos y dependencias del Poder Judicial. El Pleno del Tribunal Superior reglamentará e instalará formalmente esta Comisión de Transición.

Además, el Congreso discutirá y aprobará una Ley de Disciplina Judicial, que regulará procedimientos, faltas y mecanismos de vigilancia con base en la nueva estructura institucional. También se prevé la presentación de reformas a la legislación secundaria para armonizar todo el marco legal con esta nueva ley.