Aprueban tipificación de Transfeminicidio en CDMX ¿Y Coahuila pa’ cuando?
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Congreso de la CDMX aprobó la Ley Paola Buenrostro para tipificar los transfeminicidios; Coahuila acumula tres intentos en ‘la congeladora’
El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 45 votos a favor y uno en contra la Ley Paola Buenrostro, que tipifica los transfeminicidios y establece penas de 35 a 70 años de prisión. La diputada Ana Francis López presentó este dictamen, que modifica el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Civil y la Ley Orgánica de la Fiscalía capitalina. López explicó que esta ley reconoce el transfeminicidio como una manifestación extrema de la violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans.
El dictamen especifica que comete el delito de transfeminicidio quien, por razón de identidad o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género esté dentro del espectro femenino. Además, se establece que, en caso de que los familiares consanguíneos se nieguen a realizar el trámite de acta de defunción o puedan vulnerar la identidad de la persona trans, dicha acta podrá ser tramitada por una persona de la familia social de la víctima.
En el caso de la entrega del cadáver, si no es reclamado por familiares consanguíneos o si estos pudieran vulnerar la identidad de la víctima, el cuerpo será entregado a la familia social, definida como aquellas personas del círculo más cercano de la víctima, como amistades o compañeros.
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El diputado Temístocles Villanueva destacó la importancia de esta legislación como un acto de justicia histórica para las mujeres trans y personas no binarias, y subrayó la responsabilidad del Congreso para avanzar en la protección de sus derechos.
La aprobación de esta ley responde a una movilización del colectivo LGBTI, que organizó una marcha para exigir la codificación del delito de transfeminicidio y políticas públicas que mejoren las condiciones de las mujeres trans, quienes enfrentan una ola de crímenes de odio en México. La activista Lane, cuya caso sigue sin judicializarse, enfatizó la urgencia de esta ley para muchas víctimas.
La decisión del Congreso capitalino llega tras una movilización del colectivo LGBTI, que el miércoles organizó una marcha para exigir la codificación del delito de transfeminicidio y políticas públicas que mejoren las condiciones de las mujeres trans, quienes afrontan una ola de crímenes de odio en México.
“Mi caso sigue sin estar judicializado y así siguen muchas víctimas”, declaró la activista y sobreviviente de intento transfeminicidio Natalia Lanea los medios de comunicación antes de reunirse con representantes políticos para exigir la aprobación de la ley en el Congreso local.
Desde el inicio de 2024, se han contabilizado ocho asesinatos de mujeres trans en la Ciudad de México y 28 en todo el país, con la capital siendo la región con más víctimas. Nayarit se convirtió en marzo en el primer estado en tipificar el transfeminicidio como delito, en memoria a Paola Buenrostro, una mujer trans asesinada en 2016.
Buenrostro, quien se dedicaba al trabajo sexual, fue víctima de un crimen de odio perpetrado por Arturo Felipe Delgadillo Olvera. Según las confesiones de Delgadillo Olvera, el asesinato ocurrió tras reconocer la voz de Buenrostro y darse cuenta de que era una mujer trans. Este trágico suceso subrayó la extrema violencia y discriminación que enfrentan las personas transgénero.
La organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida advirtió que la violencia transfeminicida persiste en México, con 65% de las 66 víctimas de crímenes de odio contra personas LGBTI en 2023 siendo mujeres trans. La tasa de asesinatos de mujeres trans es más del doble que la de mujeres cisgénero, según datos del Inegi.
¿Y COAHUILA PARA CUÁNDO TIPIFICA LOS TRANSFEMINICIDIOS?
El 13 de noviembre de 2018, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó una reforma histórica que permitió el cambio de actas de nacimiento para personas trans. Impulsada por la entonces diputada Claudia Ramírez, en colaboración con la Comunidad de San Aelredo, esta reforma beneficiaría a al menos 3,300 personas en ese momento.
Un año después, la misma mancuerna buscó tipificar los crímenes de odio, especialmente los transfeminicidios, en el Código Penal del Estado. La iniciativa pretendía establecer mecanismos claros para la prevención, investigación y sanción de estos delitos. Claudia Ramírez Pineda destacó la importancia de esta legislación para construir una sociedad más inclusiva y justa, afirmando: “No podemos permitir que los crímenes de odio sigan ocurriendo sin consecuencias. Esta iniciativa es crucial para asegurar que todas las personas puedan vivir con dignidad y seguridad, sin miedo a ser víctimas de violencia por su identidad o creencias”. Sin embargo, la moción no fue aprobada en esa ocasión.
A finales de 2022, la diputada Lizbeth Ogazón, de Morena, presentó una nueva iniciativa para adicionar el Artículo 188 Bis al Código Penal, tipificando el transfeminicidio como delito y estableciendo penas de 35 a 70 años de prisión. Ogazón subrayó la urgencia de esta modificación, ya que la falta de registro de crímenes de odio contribuye a la invisibilización del problema y a la falta de atención por parte de las autoridades. En ese momento, se informó que entre 2007 y 2019 fueron asesinadas 544 mujeres trans, aunque se estima que solo se reporta una tercera parte de los casos reales.
Noé Ruiz, presidente de la asociación San Aelredo, ha subrayado la necesidad urgente de “garantizar que Coahuila tenga una legislación que proteja a todos sus ciudadanos y ciudadanas de los crímenes de odio”. Las iniciativas buscan no solo tipificar estos crímenes en el Código Penal, sino también establecer mecanismos claros para su prevención, investigación y sanción.
Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT de la Fundación Arcoíris, desde 2014 se han registrado 14 asesinatos de este tipo en Coahuila, de los cuales 6 han sido por identidad de género, es decir, contra personas transgénero.
‘CAPACITACIÓN’ DE AMLO SIGUE EN EL AIRE
Desde enero de este año, la activista trans y directora de la asociación Casa de las Muñecas Tiresias, Kenya Cuevas, presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que se capacite al presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de identidad de género y diversidad sexual, esto luego de los comentarios transfóbicos emitidos por el mandatario contra la diputada morenista Salma Luévano, por los que posteriormente se disculpó.
Cuevas, en su declaración frente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) capitalina, expresó que las disculpas del presidente no eran suficientes.
“Para mí, como una persona transgénero, no es suficiente. Así que hoy vamos a iniciar una carpeta en el Conapred para que el presidente de la República mexicana se capacite en identidad de género, perspectiva de género, en inclusión y en diversidad sexual; en identidad, orientación y expresiones de género, para que las pueda nombrar como son, como lo que somos”, dijo.
Un mes después de presentar la queja y ante la falta de respuesta, Cuevas criticó la inacción del Conapred y lamentó la percepción de que el Presidente siempre tiene la razón. “Desgraciadamente, todo el mundo está cegado en que porque es el Presidente tiene que tener la razón”, declaró en una entrevista con EL UNIVERSAL.
“Metí mi segundo recurso, no he tenido ninguna noticia del Conapred, obvio el Conapred debe estar muy callado, muy ausente en todos estos temas de discriminación, creemos que ha estado ausente desde hace mucho tiempo; sin embargo, yo hice lo correcto en ese momento que yo vi lo que sucedió”, añadió en febrero, advirtiendo que podría acudir a instancias internacionales. “¿Por qué al Presidente no se le puede someter a una capacitación si es un funcionario público y tiene qué hacerlo?”, cuestionó Cuevas, remarcando la importancia de que todos los funcionarios públicos, incluido el Presidente, reciban capacitación en temas de diversidad e inclusión.
