Buscará Congreso de Coahuila tipificar como delito administrativo o penal operación de universidades “patito”
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Llaman diputados locales a Congreso de la Unión a endurecer sanciones contra instituciones educativas irregulares mientras preparan reformas a nivel local
El Congreso del Estado de Coahuila aprobó este martes un dictamen mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión a impulsar reformas para sancionar con mayor rigor a las instituciones educativas que operan sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), mientras preparan una propuesta para reforzar la normativa local.
El llamado surge a partir de una proposición presentada en junio por el diputado Alfredo Paredes, quien destacó la necesidad de emprender acciones legislativas tanto a nivel federal como estatal para frenar la operación de las escuelas “patito”. A la voz del legislador se sumaron la diputada Magaly Hernández y el diputado Álvaro Moreira, quienes coincidieron en que esta problemática no es ajena a Coahuila y representa un riesgo para miles de jóvenes.
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En el dictamen, elaborado por la Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas, se advierte que el marco legal actual no cuenta con mecanismos ni sanciones suficientemente disuasorias para castigar a las instituciones que imparten estudios sin cumplir los requisitos oficiales.
Según los legisladores, las sanciones y clausuras administrativas previstas hoy en día resultan insuficientes para contener un problema que impacta directamente en el patrimonio y en las oportunidades profesionales de los estudiantes, además de afectar el prestigio del sistema educativo estatal.
Ante ello, los diputados subrayaron que es urgente modificar la legislación para que la operación de programas educativos sin RVOE sea tipificada como una falta grave o incluso un delito administrativo o penal, y que se establezcan penas más severas como la clausura definitiva y responsabilidad administrativa o penal a quienes incurran en esta práctica.
También remarcaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia mediante instancias autónomas o colegiadas que garanticen el cumplimiento de los estándares académicos, así como otorgar mayores facultades a las autoridades educativas estatales para suspender y cancelar de inmediato cualquier actividad educativa que no cumpla con la normativa.
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En ese sentido, la diputada Magaly Hernández, coordinadora de la comisión dictaminadora, afirmó que la actual legislatura trabajará en una propuesta de reforma a nivel estatal para modificar la Ley de Educación del Estado de Coahuila y el Código Penal local.
Esta propuesta podría presentarse en septiembre, una vez que haya avances en el ámbito federal y de por iniciado el periodo ordinario en el Congreso local. La diputada aseguró que existe el compromiso de actuar de forma coordinada con la federación, en beneficio de los coahuilenses.
La comisión recordó que el RVOE garantiza que el plan de estudios de la escuela está alineado con los criterios académicos nacionales, que los docentes cuentan con la formación adecuada, que la institución dispone de infraestructura suficiente y que el título expedido tendrá validez oficial ante instancias gubernamentales, educativas y laborales.
