Clausuran casino clandestino en el centro de Nava, Coahuila

En un operativo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales, fue clausurado un casino que operaba de manera ilegal en el municipio de Nava, luego de confirmarse que no contaba con licencias ni documentación que avalara su funcionamiento.

El establecimiento se ubicaba en el sector poniente del primer cuadro de la ciudad, específicamente en el cruce de las calles Rosales e Ignacio Allende. De acuerdo con los reportes oficiales, el sitio llevaba varios días en operación pese a no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de giros comerciales y juegos con apuesta.

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Durante la inspección, los agentes constataron que el inmueble no tenía nombre comercial visible ni razón social registrada. Asimismo, se detectó la ausencia total de permisos municipales y autorizaciones federales necesarias para la operación de este tipo de negocios.

En el interior fueron aseguradas diversas máquinas de juego tipo jackpot, comúnmente utilizadas para apuestas electrónicas. Las autoridades procedieron al aseguramiento del equipo como parte de las diligencias administrativas y legales correspondientes.

Tras documentar las irregularidades, se ordenó la clausura inmediata del inmueble, el cual quedó bajo resguardo oficial para impedir que continúe operando fuera del marco legal mientras se desarrollan las investigaciones.

Durante la intervención fue detenida una mujer que se encontraba a cargo del establecimiento en ese momento. La persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

¿POR QUÉ ESTÁN PROHIBIDOS LOS CASINOS EN COAHUILA?

Desde el 11 de septiembre de 2012, Coahuila se convirtió en un estado restrictivo para la industria del azar tras una reforma a la Constitución Política del Estado. Bajo la administración del entonces gobernador Rubén Moreira Valdez, se modificó el artículo 158-U para prohibir estrictamente que los 38 municipios otorguen permisos de uso de suelo o licencias de construcción para casinos, salas de sorteos o centros de apuestas. Esta medida no solo frenó la apertura de nuevos establecimientos, sino que inició un proceso de clausura sistemática que culminó en septiembre de 2014, cuando los últimos dos casinos que operaban mediante amparos fueron cerrados definitivamente, declarando a la entidad como “territorio libre de casinos”.

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La razón fundamental detrás de esta estricta legislación fue el combate al crimen organizado. Durante los años más críticos de violencia en la región, el gobierno estatal argumentó que las casas de apuestas funcionaban como centros operativos, fuentes de financiamiento y herramientas de lavado de dinero para grupos delictivos. La narrativa oficial sostuvo que la presencia de estos negocios incrementaba los índices de criminalidad y ponía en riesgo la estabilidad social. Al prohibirlos, el Estado buscó cortar el flujo de efectivo “negro” y eliminar espacios que servían como puntos de reunión para la delincuencia, priorizando el orden público sobre la derrama económica o los impuestos que estos giros pudieran generar.

A pesar de los múltiples intentos de empresarios por reabrir estos negocios mediante recursos legales, la prohibición se ha mantenido vigente y firme a través de las administraciones de Miguel Ángel Riquelme y el actual gobierno de Manolo Jiménez Salinas en este 2026. La postura institucional sigue siendo de “cero tolerancia”, vinculando cualquier intento de apertura con un retroceso en los indicadores de seguridad.

Aunque a nivel federal los juegos y sorteos están permitidos, en Coahuila la restricción se aplica mediante la facultad municipal sobre el uso de suelo, lo que crea un cerco legal que impide que incluso los casinos con permisos federales de la Secretaría de Gobernación puedan instalarse físicamente en el estado.