Coahuila: Diputados llevan al Congreso el caso ‘Papayita’; exigen justicia y medidas contra el acoso laboral
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En 2022, el 3.4 por ciento de las renuncias laborales registradas en México se debieron a maltrato psicológico o amenazas en el trabajo
Tras el fallecimiento de Carlos Gurrola, trabajador de Torreón conocido como “Papayita”, ocurrido el pasado 18 de septiembre tras presuntamente ingerir una bebida adulterada como broma en su centro laboral, los diputados Zulmma Guerrero y Antonio Attolini solicitaron desde el Congreso de Coahuila una investigación integral y acciones concretas para prevenir el hostigamiento en espacios de trabajo.
La diputada Zulmma Guerrero, de UDC, subrayó que el caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de garantizar condiciones dignas y seguras en todos los espacios de trabajo, especialmente para quienes desempeñan labores auxiliares o se encuentran en situación de vulnerabilidad.
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Destacó que el acoso laboral o “mobbing” puede tener consecuencias severas, no solo en la salud mental, sino también en la integridad física de quienes lo padecen.
Recordó que el mobbing se manifiesta como una violencia psicológica persistente que, según estudios recientes, ha sido experimentada por hasta el 44 por ciento de los trabajadores en México. Más del 58 por ciento ha enfrentado algún tipo de hostigamiento laboral, siendo las mujeres las más afectadas.
En 2022, más de 109 mil personas en el país renunciaron a sus empleos por maltrato psicológico o amenazas, lo que equivale al 3.4 por ciento de las renuncias registradas ese año.
La legisladora sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a un entorno laboral libre de violencia, tal como lo establecen el artículo 123 de la Constitución, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y otras disposiciones en materia de derechos humanos.
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Propuso que la Secretaría del Trabajo de Coahuila refuerce sus labores de inspección, y que en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio se diseñe una campaña de prevención, atención y erradicación del acoso laboral, que incluya mecanismos de denuncia accesibles, capacitación y sensibilización.
Por su parte, el diputado por Morena Antonio Attolini enfatizó en las condiciones de vulnerabilidad que rodeaban a Gurrola, como la socioeconómica, la precariedad laboral y el entorno hostil reportado por su familia.
“Todos y todas en Torreón encontramos una forma de reflejarnos en este caso, y por eso resultó tan doloroso para todos y para todas. Creo que es el hilo rojo entre unos y otras, es la capa de vulnerabilidad de acoso, hostigamiento y la violencia en el ámbito laboral”, dijo.
Attolini presentó un punto de acuerdo para que la Fiscalía General del Estado, la Secretaría del Trabajo estatal y federal, así como la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, integren una mesa de trabajo que atienda el caso con perspectiva de derechos humanos y con debida diligencia. Solicitó que se investigue si hubo omisiones laborales, si se incumplieron normativas de seguridad, salud y prevención, y si existen responsabilidades civiles o penales.
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Pidió también que se revise el cumplimiento del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, relativo a las condiciones que deben garantizar los centros laborales, incluyendo protocolos de actuación frente a acoso o violencia. Además, exhortó a que se active un protocolo estatal para identificar y atender casos de hostigamiento laboral, a fin de evitar nuevas tragedias.
“Esto no es solo sobre una tragedia personal, sino sobre la responsabilidad colectiva de construir espacios laborales seguros y una sociedad más justa”, expresó Attolini. Añadió que el caso de Carlos Gurrola debe servir como punto de inflexión para no normalizar la violencia en el trabajo y construir garantías de no repetición.
Ambos legisladores coincidieron en que el Congreso debe ser el primer espacio en impulsar el diálogo y las reformas necesarias para frenar prácticas abusivas en los centros laborales, y exigieron que este caso se investigue hasta sus últimas consecuencias.