Coahuila, en contra de legalizar ‘autos chocolate’
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Economista prevé afectación en la recaudación del Estado; además, anticipan impactos tanto a armadoras como a agencias de ventas
No obstante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aún no tiene información oficial sobre la posible regularización de automóviles internados ilegalmente a México, la postura de Coahuila sigue siendo la misma: en contra porque aquí se asienta la industria automotriz, explicó Javier Díaz, administrador Fiscal General.
En Coahuila circulan alrededor 110 mil vehículos de procedencia extranjera, y esa cifra es de las menores de acuerdo con un censo nacional de los llamados “autos chocolates”, explicó Díaz.
El funcionario estatal recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su postura de firmar un decreto para regularizar los automóviles, empezando por los estados fronterizos.
“Lo primero que hicimos nosotros fue hablar con la Secretaría de Hacienda, para saber qué información tienen. Hablamos con el titular de la Unidad de Coordinación para Entidades Federativas (UCEF), Fernando Vaca, para que nos adelantara el decreto y nos comentó que no tenía conocimiento. Que sí se está trabajando en un área de la Secretaría de Hacienda”, dijo.
El titular de la Administración Fiscal General dijo que aún no se puede hablar del impacto económico para las entidades, será positivo, porque el Presidente dijo que se va a cobrar una cuota y una parte se entregará a las entidades.
“El gobernador Miguel Riquelme se ha expresado en varias ocasiones sobre este asunto. Coahuila tiene una industria automotriz, sobre todo en la región Sureste, bastante fuerte, y estamos en contra de la regularización porque esta industria automotriz genera un gran empleo en el estado, genera impuestos estatales y federales”, señaló.
También una posible regularización impactaría de manera negativa en la venta de autos nuevos y usados en territorio nacional, esto aunado a la caída que tiene este sector del comercio con la pandemia.
Díaz González reiteró que “seguimos estando en contra de ese tema (la regularización), al final de cuentas no es una decisión de un Gobierno Estatal. Es un decreto presidencial y si se realiza, queremos saber cuáles son las reglas de operación. ¿Cuál es la cuota para poder regularizar?”.
Además debemos saber si el cobro de la regularización la harán las entidades o el Gobierno Federal, pero también las administraciones de los estados deben cobrar a esos autos regularizados los derechos de control vehicular o placas nacionales.
Por su parte, el economista Antonio Serrano consideró que la legalización de autos “chocolate” tumbará la recaudación de manera importante porque los automóviles nuevos tienen impuestos.
Asimismo consideró que al aumentar el parque vehicular regularizado se tendrá un alza de la demanda por infraestructura y mayor aglomeración de tránsito; mientras que se incrementará la edad del parque vehicular que actualmente es de 9 a 11 años.
ADUANAS, CORRUPCIÓN
QUE PERMITIÓ ENTRADA
De acuerdo a un reportaje del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, la Unidad de Inteligencia Financiera inició con una investigación en abril de este año.
En la indagatoria se considera que un cártel aduanal en Baja California, que introdujo autos, armas y otras mercancías a México, en presunto contubernio con funcionarios que ya fueron separados de sus cargos.
Los ex administradores señalados por la UIF son Alejandro Miramontes Armenta, David Pérez Tejada, Raymundo Jiménez Lázaro y María Viridiana Soria Amador. Los últimos tres ya fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, bajo el expediente FED/FECC-BC/777/2020.
Miramontes Armenta, considerado como el líder, fue administrador de aduanas en Torreón, Ciudad Juárez y Mexicali, de acuerdo con la investigación federal. Con información de Rebeca Ramírez y Border Center for Journalists and Bloggers
