Coahuila: Ministro propone declarar ‘infundado’ el reclamo por la extinción de 109 fideicomisos

El próximo 12 de enero de 2026 será una fecha clave para las finanzas de Coahuila. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, el cual busca validar definitivamente la extinción de 109 fideicomisos públicos que fueron eliminados por el Gobierno Federal a finales de 2020.

Aunque la medida se tomó hace años bajo el argumento de atender la emergencia sanitaria por COVID-19, Coahuila —junto a otros estados— mantuvo una batalla legal activa que hoy llega a su etapa final.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados con más detenciones de estadounidenses por delitos federales

En noviembre de 2020, se decretó la desaparición de diversos fondos que sumaban aproximadamente 68 mil millones de pesos a nivel nacional. El Gobierno de Coahuila, en ese entonces, promovió una controversia constitucional alegando que esta medida vulneraba el pacto federal y afectaba la autonomía financiera de la entidad, dejando el manejo de esos recursos a discreción del Ejecutivo Federal.

La resolución que se tome en los próximos días no es solo un tema de abogados; impacta la calidad de vida en la región sureste y el resto del estado. Estos son los fondos que dejaron de llegar y cuya “muerte legal” podría confirmarse:

Fondo Metropolitano: Es quizás el impacto más visible para Saltillo. Estos recursos se utilizaban para obras de infraestructura que conectan a la capital con Ramos Arizpe y Arteaga. Sin ellos, el crecimiento vial de la zona industrial ha tenido que depender exclusivamente de recursos estatales o municipales.

FONDEN (Fondo de Desastres Naturales): Vital para Coahuila ante las constantes amenazas de incendios forestales en la Sierra de Arteaga o inundaciones por tormentas tropicales. Su desaparición obliga al estado a “improvisar” presupuestos de emergencia.

Fondo Minero: Esencial para los municipios de la Región Carbonífera y el Centro del estado, donde la actividad minera generaba recursos directos para pavimentación y servicios públicos en esas comunidades.

Fondo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos: Un pilar para la seguridad de quienes ejercen la libertad de expresión en el estado.

A pesar de los reclamos de Coahuila, Jalisco, Chihuahua y Guanajuato, el proyecto del ministro Guerrero García apunta a declarar las demandas como ”infundadas”. El argumento central es que la desaparición de estos fideicomisos no implica una intromisión ilegal en las competencias locales, sino un cambio en la administración de recursos federales.

Si la mayoría de los ministros vota a favor del proyecto, se cerrará definitivamente la puerta a la recuperación de estos fondos bajo su esquema original.