Coahuila: prohíben a empleadores pedir carta de no antecedentes penales

En una histórica decisión unánime, el Senado de la República aprobó por 69 votos a favor la abolición de la polémica Carta de Antecedentes No Penales durante una sesión extraordinaria celebrada el jueves por la noche. La eliminación de este requisito legal marca un hito significativo en los esfuerzos por promover la inclusión laboral y la reintegración social para quienes han cometido delitos en el pasado.

La medida, que fue respaldada por todos los partidos políticos representados en el Senado, implica la necesidad de reformar tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

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Según la nueva disposición, los empleadores, patrones o representantes ya no podrán solicitar la Carta de Antecedentes No Penales como parte del proceso de contratación. Esta iniciativa tiene como objetivo principal poner fin a la discriminación y abrir las puertas del empleo digno a aquellos que buscan reinsertarse en la sociedad después de cumplir condenas penales.

La reforma incluirá una modificación en el apartado B del artículo 123 Constitucional de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esta enmienda establece claramente que no se puede discriminar a las personas por su origen étnico, género, edad, discapacidad, condiciones de salud, condición social, preferencias sexuales, religión, opiniones, estado civil y, ahora, antecedentes penales.

A FAVOR Y EN CONTRA

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, destacó la importancia de esta iniciativa para la reintegración social de los excarcelados. En sus declaraciones, Gómez Urrutia enfatizó que la falta de empleo digno para quienes salen de prisión no solo los somete a un escrutinio público implacable, sino que también limita sus oportunidades, potencialmente empujándolos nuevamente hacia la delincuencia. Esta medida busca romper ese ciclo vicioso al ofrecer oportunidades reales y significativas para la reinserción social.

Por su parte, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Partido del Trabajo (PT), se dijo en contra de esta media, pues si bien indicó que el estipular que en la Iniciativa Privada no se podrá solicitar una carta de no antecedentes penales es un avance, en el caso de la administración pública es peligroso ya que, sostuvo, hay funcionarios corruptos : “Sí me parece riesgoso eliminar, aunque se aclara en el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que estamos votando dice que no se pedirá la Carta de No Antecedentes Penales, lo entiendo yo para el tema de la iniciativa privada, está bien, como un tema de no discriminación”, apuntó.

Es fundamental señalar que esta nueva política no afectará a las personas que aspiren a ocupar puestos en seguridad pública o privada, ya que en casos como el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada sí se pedirá.

Esta precaución se ha tomado para garantizar la seguridad de la sociedad mientras se fomenta la inclusión y la igualdad de oportunidades en otros sectores laborales.

DEFENSORES DE DDHH ELOGIAN MEDIDA

La aprobación de esta medida ha sido elogiada por defensores de los derechos humanos y grupos que abogan por la reforma del sistema de justicia penal en México. Se espera que esta decisión siente un precedente importante en la región y sirva como un ejemplo de cómo las políticas progresistas pueden marcar una diferencia significativa en la vida de las personas que buscan reconstruir sus vidas después de cometer errores en el pasado.

Con esta histórica decisión, México da un paso adelante hacia una sociedad más inclusiva y justa, donde el pasado no determine el futuro de aquellos que están dispuestos a cambiar y contribuir de manera positiva a la comunidad.