Coahuila: proponen tipificar como ‘grave’ robo a escuelas; aumentarían las penas de cárcel

Mediante una reforma al Código Penal, se propone tipificar como agravante el robo a los centros escolares públicos y privados, lo que aumentaría las penas de cárcel a los culpables en Coahuila.

Actualmente, la penalidad es de 1 a 6 años, como mínimo y máximo, con 60 a mil días multa, dependiendo de la cuantía del robo o daño cometido, y se plantea aumentar las sanciones en una mitad más.

TE PUEDE INTERESAR: Pacientes de la clínica 73 del IMSS en Saltillo sufren desabasto de medicamentos y falta de atención

Asimismo, se propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que a quien cometa este delito se le aplique como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, a fin de garantizar la reparación del daño, asegurar la presencia del presunto implicado y el cumplimiento de la pena pecuniaria.

Durante la pandemia, alrededor de 7 mil 500 planteles fueron vandalizados, les robaron el cableado eléctrico, equipos de sonido y proyectores y les dañaron el mobiliario, lo mismo en colonias que en ejidos y el problema continúa, advirtió el diputado Hugo Dávila Prado.

Plantea reformas a los artículos 283, 285 y 167 del Código Penal de Coahuila para aumentar la penalidad como medida para disuadir la comisión del delito que afecta el desarrollo educativo de niños y jóvenes.

Estados como Baja California, Chihuahua, Durango y Nuevo León, ya contemplan la figura de robo a instituciones educativas con penas de 3 a 18 años de prisión, pues algunos lo tienen como agravante. 12 entidades, como Chiapas, Jalisco, Guerrero y Zacatecas, ni siquiera lo tienen tipificado.

Llama la atención, dijo, que el Código Penal Federal no contempla la figura del robo en escuela o institución educativa, cuando se está vulnerando el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación, así como el de contar con un lugar seguro donde puedan aprender y desarrollar sus capacidades sociales.

“Debemos proporcionarles espacios que cuenten con todos los servicios y con la infraestructura necesaria para que se pueda llevar a cabo una educación de calidad, ya que la escuela es la segunda casa para ellos”.

“No debemos permitir que quien atente contra los centros educativos no sea castigado con todo el peso de la ley, ya que los daños colaterales que se provocan van más allá de una simple reposición de materiales”.

Las penas aplicarían para quien robe bienes y accesorios de una escuela y para quien adquiera, oculte o comercialice el producto del robo.