Congreso de Coahuila aprueba reformas que amplían derechos y seguridad para víctimas de violencia
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El poder legislativo avaló el reforzamiento de la normativa ampliando la cobertura de órdenes de protección y garantizando la entrega inmediata de objetos personales
Este lunes, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó por unanimidad dos reformas que buscan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres frente a situaciones de violencia.
Las iniciativas, impulsadas por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, buscan ampliar el alcance de las medidas de protección y asegurar que las víctimas tengan acceso efectivo a sus bienes personales, documentos y dispositivos esenciales.
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La reforma presentada por Guadalupe Oyervides, modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar que las órdenes de protección puedan solicitarse sin límites territoriales. Esto significa que una mujer podrá acudir ante cualquier autoridad competente, municipal o estatal, sin importar en qué municipio o entidad ocurrieron los hechos, eliminando la excusa de “incompetencia territorial”.
La iniciativa incorpora un nuevo artículo 28 Ter y ajusta el artículo 30 para asegurar contacto diario con la víctima durante los primeros seis días posteriores a la emisión de la orden y la elaboración de un plan de seguimiento según el nivel de riesgo.
En tanto, la reforma impulsada por Beatriz Fraustro Dávila, se centra en la entrega inmediata de objetos personales y documentos de identidad de la víctima y sus hijas o hijos, frente a situaciones de violencia económica o patrimonial.
La modificación de la fracción IV del artículo 10 de la Ley para la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección establece que la autoridad debe ordenar la restitución inmediata de objetos de uso personal, implementos de trabajo o estudio, dispositivos electrónicos y cualquier aparato de comunicación que tuviera el agresor en su posesión.
Esta medida busca prevenir que los agresores utilicen la retención de bienes como mecanismo de control o coerción, garantizando que las víctimas puedan recuperar su independencia, seguridad y estabilidad.
