Congreso de Coahuila emite convocatoria para designación del nuevo Fiscal General del Estado

El Congreso de Coahuila aprobó este miércoles la convocatoria pública para la designación de la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía General del Estado, una vez que concluyó el periodo de Gerardo Márquez Guevara al frente de la institución el pasado 18 de octubre.

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Ante ello, a partir de este jueves y hasta el próximo 2 de noviembre, la Oficialía del Congreso recibirá la documentación de los aspirantes que deseen contender por el cargo, la cual incluye un currículum vitae, acta de nacimiento, credencial de elector y un ensayo de diez cuartillas sobre su propuesta y justificación para el cargo.

En tanto, el fiscal ministerial del estado, Jorge Humberto Rodríguez, permanecerá como encargado del despacho de la Fiscalía General de Coahuila a más tardar hasta el próximo 26 de noviembre, fecha límite para el nombramiento del nuevo titular.

La convocatoria está dirigida a universidades, institutos de investigación, asociaciones civiles y la ciudadanía en general para presentar candidaturas.

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con diversos requisitos, como ser ciudadano mexicano, tener al menos 35 años de edad, poseer un título profesional en Derecho con una antigüedad mínima de diez años, no haber sido condenado por delito doloso, no estar inhabilitado como servidor público y haber residido en el estado durante los últimos cinco años.

Una vez recibida la documentación de los aspirantes, el Congreso deberá integrar una lista de al menos diez candidaturas en un plazo de veinte días, y esta lista será publicada. El ejecutivo estatal deberá enviar al Congreso la terna de candidatos, y se organizarán comparecencias públicas que serán transmitidas en línea.

La Comisión de Gobernación será la responsable de analizar las propuestas y recomendar al nuevo fiscal, quien deberá ser ratificado por el Pleno del Congreso a más tardar el 26 de noviembre de 2024.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la persona designada presidirá el Ministerio Público y asumirá las facultades y obligaciones que le confieren tanto la constitución como las leyes secundarias.