El calvario de Cristian: Violencia vicaria e institucional fracturan la justicia en San Buenaventura

En el corazón de la Región Centro de Coahuila, el caso de Cristian, madre de familia que durante 15 años se dedicó al hogar, se ha convertido en un crudo testimonio de cómo la violencia vicaria y las fallas institucionales pueden poner en jaque la vida de una mujer. Su historia no solo revela agresiones físicas, sino una recurrente estrategia de control que utiliza a los hijos como herramientas de castigo.

UN CICLO DE AGRESIONES Y MANIPULACIÓN

La batalla legal de Cristian comenzó en 2021, tras sufrir violencia física por parte de su expareja, lo que derivó en una causa penal en un juzgado especializado, cuyo nombre se omite debido a que el objetivo de este texto es visibilizar una forma de violencia contra las mujeres que, en 2025, se repitió en poco más de 14 mil casos.

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Inicialmente, Cristian obtuvo la guarda y custodia provisional; sin embargo, en 2022 su agresor reincidió. La golpeó nuevamente y, según relata, la violencia escaló a amenazas. “Me aseguró que me quitaría a mis hijos, que me dejaría en la calle y me obligaría a pagarle pensión”, señaló.

Desde entonces, el proceso se ha visto marcado por lo que ella describe como una “vida judicializada”. Su agresor comenzó a interponer denuncias ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y en juzgados familiares, alegando omisión de cuidados, una acusación que fue desmentida mediante dictámenes del Poder Judicial y testimonios que acreditaron que no existía tal situación.

“Él y su familia eran quienes hablaban mal de mí a los niños”, indicó Cristian.

EL IMPACTO EN LOS HIJOS: “TENÍA MIEDO DE QUE TE MATARAN”

De acuerdo con la declaración de Cristian, las consecuencias psicológicas en sus hijos han sido profundas.

“Regresaban de las convivencias paternas sumamente estresados, peleando entre sí y con ideologías ajenas a su edad”, explicó.

Continúa: “En una ocasión, en 2023, después de denunciarme en la PRONNIF, mi hijo me dijo que tenía que hacer lo que ellos decían para que yo estuviera segura, ya que tenía miedo de que cuando él no estuviera me golpearan y me mataran”.

A pesar de que múltiples estudios ordenados por el Poder Judicial concluyeron que Cristian era la figura más idónea para el cuidado de los menores y que no existían riesgos para ellos, en 2024 su expareja la denunció por violencia familiar.

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JUSTICIA Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Durante la investigación, una jueza dictó una medida cautelar que prohibió a Cristian ver a sus hijos.

“Esto ocurrió a pesar de una ampliación de dictamen en 2025 que advertía que el papá requería valoración psiquiátrica”, relató.

Finalmente, tras una larga espera, los días 9 y 14 de enero de 2026, su expareja fue vinculado a proceso por violencia vicaria. Cristian sostiene que, aunque la tipificación de este delito representa un avance, la violencia institucional continúa revictimizando a las mujeres que rompen con roles tradicionales.

“Un niño no es feliz sin su papá ni tampoco sin su mamá”, concluyó, haciendo un llamado urgente a priorizar la salud mental de los menores sobre los intereses de los adultos.

El caso pone en relieve la urgencia de atender la crisis de violencia familiar en Coahuila, que en 2025 reportó 14,664 casos, posicionándose con la segunda tasa más alta a nivel nacional, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.