Familia de Saltillo está a punto de perder sus muebles; denuncian que red de prestamistas falsifican firmas

Coahuila
/ 31 agosto 2023

Laura Esthela cuenta una historia de impotencia ante la justicia

Una familia de la colonia Pueblo Insurgentes está a punto de perder parte de su patrimonio, los muebles de su vivienda, porque les “montaron” una deuda en la cual no conocen al deudor principal, les falsificaron la firma de un integrante, además se han enterado de que los abogados que están cobrando el pagaré, en realidad -argumentan- son parte de una red de prestamistas operando por todo Saltillo.

Laura Esthela Rodríguez Calvillo lleva la mano derecha a su rostro y limpia las lágrimas mientras narra: “no conozco al deudor principal del pagaré, jamás firmé ese documento y la huella que aparece ahí no es mía”.

“Me siento decepcionada de las autoridades, porque estamos desamparados. ¿A quién recurrimos? No puede ser posible que estén por llevarse mis muebles por un dinero que yo no pedí, y que tampoco autoricé como aval”, explica mientras está en su sala, disfrutándola quizás por última vez.

La patrulla SSP-130 de la Policía Civil de Coahuila llegó al domicilio de Rodríguez el pasado 28 de agosto. Laura Esthela se estaba bañando y su hija, menor de edad, entreabrió la puerta para que no salieran dos perros de la vivienda, el policía -al que Laura califica de prepotente- metió el pie e impidió que volvieran a cerrar y amenazó a la menor.

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Enseguida, Laura salió del baño y pidió que la dejaran acabar de vestirse para recibirlos, pero entraron a la fuerza y señalaron algunos muebles de manera rápida, porque Laura estaba haciendo llamadas. Le dejaron el documento de la actuación y se retiraron rápidamente.

A Laura le están cobrando 40 mil pesos de un pagaré de una deuda que según la demanda presentada el 22 de agosto de 2022 se le prestaron a Hugo Alberto Rodríguez Cerda, habitante de la colonia Saltillo 2000, y a quien Laura no conoce, jamás lo había visto hasta que acudió a buscarlo para que respondiera sobre el adeudo: solo le dijo que él ya había arreglado y se negó a más diálogo.

De acuerdo con la demanda, Tomás Alonso Estrada, prestó a Hugo Alberto Rodríguez Cerda la cantidad de 40 mil pesos el 10 de marzo del 2021, con vencimiento un mes después el 10 de abril del mismo año, a razón de un 10 por ciento de interés mensual, y firmando como supuesto aval, Laura Esthela.

Después de ambas firmas aparecen las huellas digitales. Los encargados del juicio: Karim Ramírez Treviño, Marco Álvarez Rodríguez, y Eduardo Esparza Guzmán, desistieron del cobro al deudor, Hugo Alberto, y fueron contra el aval, Laura.

Laura Esthela niega que sea su firma y lo demuestra con la credencial del INE, tampoco reconoce haber puesto su huella en el documento, pero no se ha realizado ningún peritaje para comprobarlo o descartarlo, principalmente porque no cuenta con dinero para pagar ni el peritaje y tampoco a un abogado.

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¿RED DE PRESTAMISTAS?

Relata que investigó con familiares, amigos, conocidos y otras personas a quienes les han “montado” deudas y todas refirieron a Karim como la persona que opera una red de prestamistas en diferentes colonias de la ciudad. Sin embargo, él no otorga los préstamos, sino que organiza grupos y luego procede a la cobranza por la vía judicial, pero han aparecido irregularidades como la falsificación de firmas.

La impotencia de Laura es notaria, está desesperada y cuando fue a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la subdelegación de la carretera a Torreón encontró un trato déspota, le dijeron que ahí no se arreglaban ese tipo de asuntos, pero tampoco le brindaron orientación jurídica.

Las irregularidades son evidentes: una firma falsa, una huella que según Laura no es la de ella, el desistimiento de cobrarle al deudor principal e ir contra el aval, sin contar con la prepotencia con la cual actúa la Policía Civil en los procedimientos de embargo.

VANGUARDIA tuvo conocimiento y recopiló testimonios y evidencias de la intimidación y actuación de “montadeudas” en el Fraccionamiento Prados de San José; ahí robaban las identidades al sustraer de manera irregular los recibos de agua, CFE o internet de los domicilios y luego las personas aparecían como aval o como deudores.

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