FGE de Coahuila no logró reunir pruebas contra su exagente después de ocho años

Luego de ocho años en que la Fiscalía General del Estado de Coahuila inició un caso contra un exelemento del mismo órgano señalado por actos que podrían constituir en tortura y abuso de autoridad, este martes el oficial fue absuelto ante falta de datos de prueba suficientes para continuar.

Este caso se remonta al 2015, cuando un empresario saltillense denunció que fue detenido por el exagente David Alejandro “N”, quien laboraba entonces para el exfiscal de Migrantes, Jorge Olea Melchor.

De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio Público, David había recibido instrucciones de su jefe Jorge Olea -quien tiene abierto un proceso alterno por el mismo caso-, para detener al denunciante en ese año.

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Según la información, el empresario de nombre Cesar Jesús fue trasladado a un domicilio al sur de Saltillo, donde fue sometido a tortura y acusado falsamente de un delito de posesión de arma que después fue desestimado por la Fiscalía General de la República.

Durante el caso, el defensor legal de la víctima aseveró que su cliente no solo sufrió tortura, sino también daños psicológicos por los cuales se contempla una reparación del daño.

La detención de David Alejandro “N” se registró el fin de semana pasado en la ciudad de Torreón cuando el sujeto cometió una falta administrativa, y los elementos de la policía se percataron de que tenía vigente una orden de aprehensión en su contra.

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Pese a que el delito que denunció la víctima podía constituir en un acto de tortura, la Fiscalía únicamente lo clasificó como el delito de abuso de autoridad contra la salud personal y contra la dignidad personal; una clasificación que podría ser más baja en su pena.

Aún cuando pasaron ocho años para conformar la indagatoria, la Fiscalía no logró reunir datos suficientes para que el juez de control procediera a vincular a proceso a David Alejandro, por lo que lo absolvió de la teoría del caso que presentaron los elementos del ministerio público.

VANGUARDIA, documentó que en teoría, este sería el primer caso en judicializarse desde el 2012 hasta el 2022, cuando fueron iniciadas al menos mil 387 carpetas de investigación por delitos de tortura donde se incluye a agentes de corporaciones policiacas o de procuración de justicia; sin embargo, aunque sí fue judicializado el caso, este fue desestimado para continuar investigándose.