Funcionario que regatee información será multado

Para garantizar que el ciudadano sea atendido y obtenga respuesta en un plazo breve, la contestación sea congruente con lo que solicitó y evitar que el servidor público dé carpetazo a la petición, se propone que sea acreedor a una sanción.

Esto con base en la iniciativa que el diputado Francisco Javier Cortez Gómez presentó para reformar la fracción III del artículo 17 de la Constitución Política del Estado.

“Si el funcionario no respondiera en tiempo y forma, este será multado con el equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización vigente”, propone la modificación, lo equivalente a cerca de 10 mil pesos.

PLAZOS Y SANCIONES

La iniciativa incluye que las autoridades estatales o municipales deben contestar dentro de un plazo máximo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se recibe la petición, excepto si la autoridad estima insuficiente dicho periodo para satisfacer la solicitud presentada.

En tal caso, detalla, notificará de esta situación al peticionario antes de que se cumplan los primeros 15 días, y tendrá 10 días naturales más para contestar, siempre que la petición se haya hecho por escrito, de manera pacífica y con respeto.

“Se trata de que el funcionario respete el derecho de petición consagrado en la Constitución federal, como en la estatal. Más concretamente, se busca, en términos muy genéricos, asegurar la salvaguarda de los derechos ciudadanos”, expresó el legislador.

POR UNA JUSTICIA SOCIAL

Señaló que la importancia del derecho de petición en el contexto social, consiste, por una parte, en prevenir situaciones de injusticia social, y, por otra, en evitar que los ciudadanos resuelvan sus problemas y necesidades por su propia cuenta, es decir, al estar ausente la autoridad, según se deduce de una conocida premisa del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.