La Masacre de Allende, a 10 años de impunidad, ‘disculpas no han sido suficientes’

La Masacre de Allende es quizá una de las historias de horror de Coahuila más contadas en los medios de comunicación. El tratamiento de la historia ha sido parecido a la de una película de acción, pero de fondo, es quizá una de las fallas más importantes del país en la política implementada en materia de seguridad de aquél entonces, y que dejó a su paso la exposición de la impunidad en el país.

Hasta hoy, decenas de preguntas quedan al aire, y la incertidumbre sobre los registros de personas desaparecidas, las víctimas indirectas y los desplazados permanece a pesar de que las autoridades han sido llamadas una y otra vez a contestar las preguntas.

Fue durante el fin de semana de entre el 18 y el 20 de marzo del 2011 cuando empezaron los hechos. Un grupo de al menos 50 camionetas conducidas por miembros del cártel de Los Zetas llegó al poblado por un supuesto ajuste de cuentas que una parte considerable del poblado presencio, sufrió y padeció. El tema se empezó a tratar hasta 2013 en la opinión pública; por fin alguien rompió el silencio.

Diversos informes realizados con declaraciones ministeriales y en la corte norteamericana, detallan que esto se originó a partir de la ruptura de tres hombres con el cártel que en aquella plaza, dirigían Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales; el “Z-40” y el “Z-42” en 2011, tras haber extraído dinero de la célula criminal y trasladarlo hasta Estados Unidos. Se habla de montos de entre 5 y 10 millones de dólares.

Los hombres que presuntamente huyeron, se volvieron testigos protegidos de la DEA, y el rancho de “Los Garza”, que era propiedad de los mismos, se convirtió entonces en el infierno del poblado de 23 mil habitantes, aunque esto se había convertido en una masacre generalizada que alcanzó incluso a personas que habitaban en viviendas cercanas a la Presidencia Municipal, que fueron destruidas con maquinaria industrial y después incendiadas a plena luz del día.

Al rancho “Los Garza” fueron llevados hombres, niños y bebés, mujeres adultas, trabajadores de las familias del poblado, pero también personas que fueron trasladadas en camiones desde Piedras Negras, según las declaraciones integradas en las averiguaciones previas.

“Me di cuenta que había llegado una camioneta, también me di cuenta que ya habían llevado a más personas, entre las que pude reconocer a (…) y se veía tirado en el piso y a su esposa la cual ya estaba toda encuerada además de un trabajador de ellos. También observé en ese lugar amarradas a cuatro mujeres, las cuales eran señoras grandes, pero no podría decir sus edades; a dos niños de 13 a 18 años, y también a varios hombres de entre 30 y 55 años, a algunos se los habían traído de Piedras Negras”, dice una de las declaraciones en poder de las averiguaciones de la Fiscalía.

Las personas eran trasladadas hasta este punto tanto por criminales, como por policías que aseguraban ser pagados con mil o dos mil pesos con aceptación bajo amenaza, mientras que los halcones vigilaban las entradas al poblado por 500 pesos.

“Nos metimos a la fuerza, de ahí sacamos a su esposa, a su hijo más chico, siendo ayudados por policías, subiéndolos a la misma patrulla; luego nos los llevamos a la casa del rancho donde teníamos a los otros, luego fue sacarlos y llevarlos a la bodega para matarlos a todos disparándoles en la cabeza.

“Una vez que los matamos a todos lo que hice fue rociar el diésel por toda la bodega con los cuerpos adentro (menciona que durante esta acción fueron asesinadas dos personas más). Después de esto le prendimos fuego con toda esa gente muerta al interior, y ahí estuvimos muchas horas hasta que cocinamos a todas esas personas, y por tanta lumbre hasta se derritió el techo de la bodega”, afirma otro declarante en los documentos de la Fiscalía.

RECOMENDACIÓN PARA UN   CAMPO DE EXTERMINIO

En la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió siete años después, acreditó la desaparición, detención arbitraria y homicidios, contra al menos 49 personas víctimas y seis menores de edad, cuyos delitos fueron perpetrados por al menos 33 personas del crimen organizado y policías de seguridad pública del Ayuntamiento de Allende.

De acuerdo con las declaraciones ministeriales, el rancho de los Garza funcionó como un campo de exterminio, de donde tres años después se recopiló una evidencia de 24 contenedores metálicos de 200 litros, de donde se obtuvo la totalidad de 794 fragmentos óseos, pero debido al grado de carbonización y calcinación de los mismos, fue descartado que los mismos estuvieran susceptibles a un análisis de reconocimiento de ADN.

Sin embargo, poco después, un operativo se extendió por toda la zona norte de Coahuila, y la Fiscalía General del Estado, en su unidad especializada como Subfiscalía de Personas Desaparecidas, , tuvo el hallazgo de dos mil 459 restos óseos, de los cuales resultaron 219 muestras biológicas y 15 perfiles genéticos que hasta hoy en día no han sido reclamados.

En la propia recomendación 10VG/2018, la Comisión hizo la revisión del actuar de las autoridades, considerando que todo el contexto fue causante de violaciones graves a los derechos humanos del poblado, aunque los activistas y familiares de personas desaparecidas de la región dicen que Allende fue quizá el acabose; lo que más se notó y resonó cuando se dijo que hubo 300 desapariciones. “Pero esto, estaba sucediendo en Piedras Negras, Nava, Villa Unión, Morelos, etcétera”, dicen.

Aun cuando las autoridades han aislado el caso y se han centrado en los hechos de un solo fin de semana, la justicia, todavía es un tema pendiente sobre el caso que ya ha traspasado las fronteras y los idiomas. Se hablaba de 300 personas desaparecidas, pero sin el cumplimiento de algunos puntos, la falta de integración de otras zonas cercanas en el mismo contexto, esta teoría todavía no puede ser avalada, ni tampoco desechada.

Dentro del documento publicado en el 2018, la CNDH emitió 44 puntos en los que se recomendaron acciones específicas para que la Fiscalía General de la República, el Gobierno del Estado de Coahuila, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y el Gobierno Municipal de Allende solventaran la situación y cumplieran con los preceptos de la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición.

SÓLO SE HAN CUMPLIDO 30% DE RECOMENDACIONES

Sin embargo, aun cuando pasaron 10 años de los hechos y tres de la recomendación, en respuesta a una solicitud de información, la CNDH dio a conocer que del total de los 44 puntos emitidos, únicamente el 30 por ciento de los mismos han sido cumplimentados en su totalidad. Es decir, que las deudas del Estado permanecen vigentes, al menos en un 70 por ciento de la justicia solicitada.

“La mayoría de los actos que ha realizado el Estado, son con la intención de simular el cumplimiento de la recomendación. La investigación y las teorías no avanzan, mientras que el tema de la búsqueda puntual tampoco”, dice Ariana García Bosque, la asesora jurídica de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, uno de los colectivos que también reclama justicia sobe Allende.

De acuerdo con el documento enviado por la CNDH el pasado 6 de marzo, a 12 días de que se cumpla un año más, las recomendaciones específicas concretamente han fallado en los panoramas de justicia contra todos los culpables e involucrados, y hallazgo de las personas que fueron arrebatadas de sus familias.

Después de la emisión, todas las recomendaciones específicas fueron aceptadas por cada una de las autoridades en mención y entre los puntos recomendatorios, existen casos donde no hay ninguna prueba de cumplimiento, y otras donde se establece que aunque existen algunas pruebas de cumplimiento, todavía no se cumple al 100 por ciento con lo prometido. Algunas de las peticiones pendientes consisten en:

-Atención psicológica e indemnizaciones por parte del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Allende a las víctimas de la masacre.

-La elaboración de un Censo de personas desplazadas forzosamente por el contexto violento que debía cumplirse en un plazo máximo de seis meses después de la recomendación emitida en el 2018.

-Profesionalización de cuerpos policiacos de Allende, Coahuila.

-Combatir con política pública índices de violencia y criminalidad.

-El paradero de 49 víctimas de desaparición durante los hechos.

-Resultados sobre 219 muestras biológicas de donde se podrían extraer perfiles genéticos a fin de dar con la identidad de las personas.

-La detención de por lo menos tres personas que se extrajeron de la ley en medio del contexto, y que podrían enfrentar delitos por los hechos.

-Ampliar investigaciones contra todos los elementos de policía que hubiesen estado involucrados directa o indirectamente con los hechos.

-Investigación de por lo menos 33 personas involucradas con el crimen organizado que colaboraron con los actos durante ese fin de semana (a facultad específica de la Fiscalía General de la República)

Lo anterior, son algunos de los ejemplos más emblemáticos sobre la justicia que se pidió ante la CNDH por el caso; sin embargo, los puntos que no se han cumplido son al 100 por ciento, son 31 de 44. Las acciones que hasta hoy se han cumplido, en su mayoría son actos simbólicos: la detención de cuatro personas involucradas, cursos de capacitación a Ministerios Públicos federales en la materia, la designación de enlaces con la Comisión para la revisión del caso recomendado, así como una disculpa pública, que aunque fue recibida, hoy todavía los colectivos de derechos humanos reclaman al “parecer simulación”.

“Las disculpas públicas no son suficientes y se los dijimos en una reunión donde se le reclamaba la atención alimentaria de los menores. Preocupa que una Secretaria de Gobierno que fue ministra de la Corte no ponga atención en esto. A mí una disculpa pública como asesor jurídico me parece irrelevante; no sería necesaria una disculpa de esta naturaleza si realmente se cristalizaran las acciones de reparación y justicia. Una disculpa real sería eso; para darnos una palmada en el hombro cualquiera”, aseveró García.

Sobre el Censo inconcluso, y el registro de personas desaparecidas, la abogada también dice que estas dos acciones iban a permitir ofrecer una realidad más amplia sobre la totalidad de las personas que se estarían buscando.

Además, existen otros casos que dice Ariana García Bosque, que se encuentran pendientes y que incluso alteraron el orden jurídico, como asegura, fue la entrega de cajas con tierra a familiares de personas que estaban desaparecidas y que simulaban entrega de cuerpos durante la administración del gobernador Rubén Moreira, que de acuerdo con la propia activista, fueron aceptadas por los agravados en medio de la desesperación, así como de la intención de resguardar sus bienes.

“Hasta hoy, el Estado realmente no ha estado respondiendo a las familias. En agosto hace ya dos años, cabalmente se comprometió el Gobernador del Estado y Alejandro Encinas, y hasta hoy no han dado cumplimiento: las justificaciones muchas, antes eran los recursos, ahora la pandemia”, expresó la abogada.

BUSCARÁN ACCIONES CONCRETAS

Este colectivo representa a por lo menos el 80 por ciento de las personas mencionadas a la recomendación, y en ese sentido dijeron que en los meses siguientes, estarán pidiendo una audiencia con la CNDH para revisar el tema del cumplimiento de las recomendaciones, con la intención de que se observen acciones concretas.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco se ha preocupado de que estos puntos sean cumplidos. Y este es un tema que ya puede ser presentado con órganos internacionales, pues ya hemos agotado todas las instancias”, dijo.

En ese sentido, la abogada también recalca, que hasta el día de hoy todas las acciones gubernamentales se han centrado en las personas del crimen organizado y los policías del municipio, y nunca se ha establecido si las personas que estaban en los altos mandos de Gobierno, secretarías de Gobierno, enfrentarán algún tipo de responsabilidades.

“Es evidente la impunidad y es evidente que el Estado ha generado distintas teorías para ir cerrando la investigación. Todo lo han querido encaminar a la delincuencia organizada, y sí, fue el perpetrador principal de los eventos, pero la pregunta que cabe es la responsabilidad que por colusión directa o cuando menos aquiescencia, el Estado podría tener responsabilidad. No puede ser posible que no se enteraran de lo que estuvo sucediendo. Es imposible pensar que no supieran de la magnitud del posicionamiento de la delincuencia en esta región”, expresó.

Ariana García también recordó que en aquél tiempo las órdenes de seguridad federal estaban establecidas en la zona, y aun después de la declaración de “La Guerra contra el Narco”, sucedieron estos hechos de los que resalta la duda sobre si estaban enterados.

“Y también está el tema de que es imposible que la federación no supiera ya para esas fechas. En esas épocas cuando el PAN estaba en el poder, estaban asentados aquí elementos de seguridad federal; estaba Sedena, estaba la Federal, estaba la Marina, colocados en las carreteras y entonces preguntémonos cómo era posible. Si ponemos una línea de responsabilidades, esto toca al Secretario de Gobierno de aquél entonces”, expresó.

Sobre ello, insiste que este caso fue el evento que culminó, y que llama la atención debido a los 14 domicilios que se encuentran en ruinas, pero esta situación era replicada en toda la zona que se encuentra a escasos 50 kilómetros de la frontera Coahuila-Texas.

“Y es que no es el caso Allende, es el caso del Norte del Estado de Coahuila, hubo desapariciones en toda la región que fueron víctimas de ese nexo de la situación en Allende. Al día de hoy, en algunos casos han pasado 11 años, pues hubo violaciones a los derechos humanos desde un año atrás de esos hechos”, aseveró.

Este día, será inaugurado un memorial por parte de las autoridades, cerca del lugar de los hechos; sin embargo, los colectivos insisten que estas acciones no son de otro orden más que simbólico.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, hasta hoy existen cuatro órdenes de aprehensión cumplimentadas contra policías y el propio Alcalde de Allende en ese tiempo, cuatro órdenes parciales (de personas que están detenidas por otros delitos frente a otra autoridad), cuatro órdenes pendientes más contra sujetos prófugos de la justicia y dos sentencias condenatorias contra policías de Allende.