Lidera Coahuila en reos procesados por terrorismo en el país
La entidad tiene el 60 por ciento de los casos por este tipo de delitos en México, revela el Inegi
Mientras que en el imaginario colectivo cuando se habla de actos terroristas lo que se viene a la mente son grupos como Al Qaeda, los conflictos bélicos e internacionales, en México, el terrorismo es un delito clasificado en los códigos penales de los estados y Coahuila tiene la incidencia más alta de acusados en el país.
El último Censo de Centros Penitenciarios reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que durante 2023, Coahuila se colocó como la entidad del país donde hay más personas condenadas o enfrentando un proceso, por cometer o presuntamente incurrir en actos terroristas.
TE PUEDE INTERESAR: Juicio contra sicarios de Villa Unión recopila más de mil diligencias; pretenden adjudicarles terrorismo
De acuerdo con los datos reportados por dicho Censo, en Coahuila hay 47 personas internadas en alguno de los siete centros penitenciarios del Estado que son administrados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por haber cometido ese delito.
Uno de los casos que más han tocado a la luz pública donde las personas han sido imputadas y juzgadas por este delito, es el de los hechos violentos ocurridos en Villa Unión a finales de 2019, cuando un grupo armado abrió fuego en lugares públicos del municipio, como es la Presidencia Municipal, además de asesinar a policías y secuestrar niños y funcionarios.
Cuando se logró la detención de este grupo de hombres, el Fiscal General del Estado dio a conocer que la clasificación de este delito se adhería al terror que se sembró sobre esa comunidad, pero además porque los actos dieron lugar a la suspensión de servicios públicos y tareas de seguridad.
“Cuando se genera terror a través de este tipo de acciones, como disparos de arma de fuego en forma colectiva, el ingreso de 30 a 40 camionetas con personas que se dedican a tomar las unidades policiacas, a privar de la libertad a los elementos y disparan contra los domicilios, con la gente corriendo al interior y la suspensión de los servicios públicos, se genera el terror y el caos”, dijo el fiscal Gerardo Márquez Guevara.
TE PUEDE INTERESAR: Villa Unión: Faltan tres casos de resolverse ante acusaciones de terrorismo
Sin embargo, de ese caso en particular que concluyó con un juicio celebrado en noviembre del 2023 donde se otorgaron penas superiores a los 100 años contemplando agravantes, únicamente se juzgó por terrorismo a 28 personas, por lo que las otras 19 que están en centros penitenciarios del Estado, podrían estar ahí por actos o enfrentamientos similares.
Este delito, por el cual la ONU declaró al 21 de agosto como el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, es contenido en el artículo 472 del Código Penal de Coahuila, en donde se establece que las penas pueden ir desde los seis y hasta los 20 años.
“Se impondrá de seis a veinte años de prisión y de mil a dos mil días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien, mediante explosivos, incendio o armas de fuego, realice actos en contra de las personas, los bienes o servicios públicos, con el fin de afectar la seguridad del Estado o de cualquiera de sus municipios, o para presionar a la autoridad para que tome una determinación”, indica el Código.
Según los datos del Inegi, en Coahuila están internados el 60 por ciento de las personas señaladas por este delito, pues a nivel nacional, el índice indica que en todo el país, solo han sido acusadas por este delito 79 personas.
TE PUEDE INTERESAR: Hamas y el Cártel de Sinaloa, ¿narcos mexicanos tienen nexos con los terroristas palestinos?
Después de dicha incidencia en la entidad, el Censo indica que el resto de las personas que han sido acusadas por este delito, están internadas en entidades con altos índices de enfrentamientos armados y homicidios.
Entre ellos, están 14 personas en Baja California, 10 personas en Guanajuato, dos personas en Nuevo León, una en Jalisco y una más en Chihuahua, mientras que otras cuatro están distribuidas en centros penitenciarios de orden federal, incluyendo el de Ramos Arizpe.