Llaman a terminar con la violencia ecográfica en los hospitales de Torreón y Saltillo
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Durante una interrupción del embarazo, y no criminalizar a las personas que se realizan el procedimiento, señala la diputada Lizveth Ogazón Nava
SALTILLO, COAH.- Morena propuso investigar y castigar la violencia ecográfica en los procedimientos de interrupción del embarazo en los hospitales generales de Torreón y Saltillo. “La ecografía es un método de diagnóstico, no de tortura”, recriminó la diputada Lizbeth Ogazón Nava.
Planteó legislar para evitar que las mujeres sean revictimizadas y culpabilizadas cuando quieren abortar, pues si bien es cierto hay médicos que se oponen a realizar la operación, hay otros que son meramente científicos y practican la cirugía.
La legisladora puntualizó que no es posible que “a las mujeres que abortan de manera involuntaria se les abran carpetas de investigación por parte del Ministerio Público, cuando la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que no es sancionable”.
“Cuando una persona gestante desea ejercer su derecho a interrumpir el embarazo, es muy común que los profesionales de la salud soliciten una ecografía para definir la etapa gestacional y descartar un embarazo ectópico”, agregó Ogazón Nava.
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Las personas, añadió, se ven expuestas a tratos violentos por parte de los profesionales de la salud; agregó que se tienen indicios de casos donde durante la realización del estudio se les somete a interrogatorios y cuestionamientos sobre qué hicieron para estar en una condición gestante.
La diputada de Coahuila mencionó que se les intenta persuadir para que continúen con el embarazo y se les expone a escuchar forzosamente los latidos del embrión. Estos mecanismos constituyen una clara violencia, el profesional toma su peor faceta: el uso de la ecografía como chantaje emocional.
“Lo ético es el deber de preguntarle a la persona gestante si quiere ver la imagen o escuchar los latidos del embrión, y si no lo desea es de suma importancia que se tomen las medidas necesarias para que ello no suceda”, declaró la diputada Lizbeth.
Manifestó que esto representa un problema de salud y de derechos humanos; “muchos casos son de niñas y adolescentes obligadas y amenazadas por adultos para llevar un embarazo”.
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“La maternidad temprana impacta en la vida de miles de niñas, tanto al nivel de la educación como del desarrollo laboral y de la salud. Son embarazos de alto riesgo biomédico y psicosocial, con alto riesgo de mortalidad y complicaciones en la persona gestante y en el producto, además de alto riesgo para la salud emocional y mental en los plazos corto, mediano y largo;
”Las personas gestantes tienen derecho a recibir la información más objetiva, laica, científica y precisa posible. Orillarlas a tomar una decisión lo menos informada posible en aras de un claro chantaje, desde una obvia posición de poder, no es realmente una decisión sino un acto más de violencia”, señaló la legisladora.