Más que aumento de pena, se debe castigar a quien apruebe construir en áreas protegidas
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Saltillo, Hugo Salas, consideró se debe aplicar la ley y no solamente aumentar las sanciones a los servidores públicos que aprueben asentamientos humanos en áreas protegidas de riesgo en Coahuila.
Esto debido a que la diputada Luz Natalia Virgil Orona (PAN) propuso modificar el artículo 427 del Código Penal del estado para subir de 5 a 10 años de prisión y de 500 a 800 días la multa para estos casos.
Las sanciones también aplicarían para los servidores que autoricen construcciones en zonas de alto riesgo para la seguridad de los inmuebles o para la vida o salud de los habitantes.
Por su parte, el Gobierno de Saltillo omitió dar declaraciones al tratarse de una propuesta, y no de algo que ha sido aprobado por el Congreso del Estado, pues entonces solo se hablaría de supuestos y no algo concreto.
“El Colegio está a favor de todo lo que sea la mejora de esta ciudad. Todo eso nos favorece a la sociedad, que no haya favoritismos con algunas desarrolladoras. Pero no solamente elevar la sanción, como ya hay sanciones, sería aplicarla, porque por algo se sigue haciendo y dando permisos”, indicó el ingeniero Hugo Salas, presidente del órgano colegiado.
Además señaló que “iría un poco más allá: no solamente los permisos, que las instancias municipales tuvieran inspección de obras que se están construyendo en orillas de arroyos, áreas de reserva municipal, estatal o federal”.
Es decir, “que se sancionara a los ciudadanos que incurran en esas prácticas”, como en la edificación irregular, sin permiso, en arroyos, así como en terrenos contiguos que no son de su propiedad y las banquetas, estas últimas son espacios públicos.
