‘No hay justicia’... Familiares exigen ir por más involucrados en mina ‘El Pinabete’, tras arresto de Christian ‘S’

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Christian “S”, imputado por presuntamente explotar de manera ilícita un bien perteneciente a la Nación, ubicado en la mina “El Pinabete”, de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, donde el pasado tres de agosto quedaron atrapados 10 mineros, los deudos de los mineros aseguran que no hay justicia aún.

Algunos familiares de los menores aseguran que usaron a Christian S. como “chivo expiatorio” del siniestro en la mina, por lo que exigen que se castigue a todos los involucrados en el funcionamiento y operación de estos pocitos, así como a aquellos que fueron omisos en la supervisión de las condiciones bajo las que trabajaban.

La hermana de uno de los diez mineros atrapados (que prefiere el anonimato) no descarta la responsabilidad del imputado, aseguran que él, junto a su suegro “El Chocolate”, eran solo los encargados y no los dueños, por lo que no se estaría haciendo justicia a los mineros ni se estaría asegurando que todos los responsables reciban las sanciones correspondientes.

“Claro que no es el dueño, ya aclararon de hecho que él era solo el encargado; la misma gente de la comunidad de Aguijta dice que él tenía una deuda fuerte y que iba a vender su casa, si él tuviera el dinero no tendría que vender su casa. Lo usaron como chivo expiatorio, hay más gente implicada que está libre y eso a nosotros no nos va a dar tranquilidad hasta ver que se les castigue a todos”, apuntó.

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Cabe señalar que la Fiscalía General de República continúa con la búsqueda de los otros dos imputados para presentarlos ante la Justicia Federal. A la par de ello, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, continúa con la integración de la carpeta de investigación para fincar responsabilidades.

Ante ello, la familiar señaló que esperan que pronto sean presentadas ante la justicia y que se inicie también una investigación contra los funcionarios públicos y dependencias, que fueron omisión en la revisión de las condiciones de los pocitos o que otorgaron los permisos para su explotación sin cumplir con los mínimos niveles de seguridad.