Vivienda: ¿es en realidad un derecho del ciudadano?

Una de las más importantes promesas que nuestra Constitución le hace al ciudadano es la de sus múltiples derechos. El catálogo es largo e incluye elementos que resultan evidentes, como el voto, el trabajo o la educación, pero también otros cuya materialización ya no es tan evidente.

Entre estos últimos se encuentra el derecho a la vivienda. Y es que, si acceder a ella es un derecho, entonces tendríamos que contar con mecanismos que, en los hechos, permitieran que todas las personas poseyeran una o, al menos, pudieran ocuparla.

No hace falta argumentar mucho para dejar claro que esto no es así. Y no lo es porque, aun cuando tal derecho figure en el catálogo contenido en nuestra Constitución, lo cierto es que el acceso a la vivienda está determinado sólo por las reglas del mercado.

Y esto es cierto incluso en el caso de la vivienda que se financia a través de las instituciones que el Estado ha creado para garantizar un hogar a un mayor número de familias.

Porque, incluso cuando este tipo de viviendas se conocen genéricamente como “de interés social”, no todos los trabajadores pueden acceder a ellas. Y en regiones como la Sureste de Coahuila, que se ubica en el catálogo de las que se denominan “de vida cara”, eso es aún más cierto.

Pero incluso para quienes no pueden –o no quieren– comprar una casa, rentar una vivienda constituye un gasto cada vez mayor, tal como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, el cual recoge los datos de la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Gasto elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con dicho instrumento de medición, el gasto promedio trimestral que las familias coahuilenses destinan al pago de una renta se incrementó en 142 por ciento durante la década de 2015 a 2025. Se trata, a no dudarlo, de un aumento que se encuentra por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo. De hecho, es una cifra equivalente a más del doble de la inflación, que fue de poco menos de 61 por ciento.

¿Por qué ha tenido este crecimiento desmedido el costo de las rentas en Coahuila? La respuesta es simple y se ha señalado en más de una ocasión: porque este tipo de precios se ha dejado fluctuar libremente a partir de las reglas de la oferta y la demanda.

Sin duda, la renta de un inmueble es, por regla general, un convenio entre particulares y, en este sentido, lo más adecuado es que el precio se fije de común acuerdo. Pero eso también tiene el inconveniente de encarecer el bien al grado de dejarlo fuera del alcance de una franja importante de la población.

Frente a ello, resulta entonces obligado cuestionar qué significa el hecho de que la vivienda sea un derecho. Porque si solamente lo es de forma enunciativa, entonces lo mismo daría que no lo fuera. Y, para todo efecto práctico, cada vez lo es menos.