Nunca se ha investigado a los mandos de policías que operaban para Zetas en Coahuila: colectivos

Colectivos acusaron que, hasta la fecha, no se ha investigado ni castigado a ningún mando de los policías que, de acuerdo con el informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, operaban para los Zetas secuestrando a personas para después entregarlas al grupo criminal.

VANGUARDIA publicó que, de acuerdo con el informe sobre desapariciones en México, entre 2009 y 2012 policías estatales de Coahuila secuestraban a personas y las entregaban a los Zetas, mientras que de 2011 a 2016, se registraron casos en que los propios elementos de corporaciones como GATE ejecutaban desapariciones forzadas.

Ante ese panorama, el reclamo de las familias de personas desaparecidas y organizaciones defensoras de derechos humanos es que, desde que se denunciaron sus casos, además de no saber el paradero de sus allegados, ningún mando de los policías señalados ha sido castigado por participar en las desapariciones u omitirlas.

En un informe sombra que entregaron organizaciones civiles de México, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, y que fue tomado para el análisis del Comité, se resaltan 721 casos de desaparición, en cuyo análisis se encontró que en 26 por ciento de los mismos hay policías estatales señalados y, en el resto, las personas no pudieron distinguir la corporación, pero sí identifican vestimentas características que infieren que eran policías.

Uno de los casos emblemáticos de colusión entre autoridades y el crimen es el de Héctor Rangel Ortiz, originario de Querétaro y desaparecido en Monclova, donde intentó cobrar una deuda por la venta de ropa.

En ese caso se señala al menos a ocho elementos municipales y cuatro manos superiores estatales, mismos que, advierte la familia Rangel Ortiz, no fueron llamados a declarar porque autoridades les perdieron el rastro.

”La misma autoridad nos decía que estábamos en peligro, que nos fuéramos del estado de Coahuila porque nos iban a matar. En una reunión el exgobernador Rubén Moreira me dijo que me pagaba una casa con todo y protección para que no me fuera a matar. Yo le dije que los policías detuvieron a mi hermano y él me dijo: ‘Sí, nosotros sabemos que la policía estaba involucrada con el crimen organizado’. Yo le dije: ‘Bueno, usted es el gobernador, ¿cómo es que si sabes esto no hagas una limpia de toda tu policía?’”, recuerda Brenda, hermana de Héctor.

En ese sentido, señala que además de que ninguno de los policías involucrados ha pagado un castigo, tampoco, por omisión o aquiescencia, ningún alto funcionario ha sido llamado a cuentas ni por su caso, ni por el de otras familias que organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios han defendido, y que ocurrieron incluso antes del 2009.

”Por eso el caso de Héctor es uno emblemático y muy documentado, porque hay nombres y apellidos de policías que detuvieron a Héctor y no han sido señalados por la desaparición forzada, pero arriba de esos policías hay primeros mandos que nunca se les llamó a declarar porque nunca los encontraron.

“También hay colusión desde arriba, hay gobernadores involucrados, fiscales y procuradores y es una cadenita del crimen organizado coludida con la propia autoridad y que permitieron la desaparición no solamente de mi hermano. Es gravísimo todo lo que estaban solapando y los ministerios públicos que no hicieron el trabajo que tenían que hacer porque tenían línea desde arriba”, señala Brenda.

¿QUIÉNES ESTABAN A CARGO DE SEGURIDAD?

Tomando en cuenta desde 2006 -con la documentación de casos de desaparición desde ese año por parte de colectivos- y hasta 2016, desfilaron funcionarios como Fausto Destenave Kuri, quien fue secretario de Seguridad en la administración de Humberto Moreira Valdés; luego ocupó ese cargo Jorge Luis Morán Delgado.

Jesús Torres Charles fungió como procurador de justicia de Coahuila dentro de ese periodo, mientras que Armando Luna Canales fue secretario de Gobierno de 2008 a 2011 y de 2012 a 2015. Jorge Torres López asumió como gobernador interino de Coahuila cuando Moreira Valdés dejó el cargo para asumir la dirigencia nacional del PRI.

Algunos de estos funcionarios estuvieron a cargo de las tareas de seguridad durante episodios de desaparición como el de Héctor, la denominada Masacre de Allende o la fuga de internos del Penal de Piedras Negras, donde también hubo desaparecidos.

Tras ostentar esos cargos, algunos volvieron después a la agenda pública, pasando por candidaturas para alcaldías y la Fiscalía General, como el caso de Destenave Kuri. El exgobernador Humberto Moreira posteriormente integró una lista para ser diputado local de representación proporcional.

Por su parte, Morán fue alcalde interino de Torreón y Torres Charles obtuvo un cargo como administrador en el SAT, al que posteriormente renunció, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

‘NOS TRATARON DE DIVIDIR’

Alma García, nueva directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, recordó recientemente, durante la develación del nuevo nombre del Centro Regional de Identificación Humana, a Blanca Martínez, activista que acompañó a las familias buscadoras de Coahuila y documentó casos llevados ante el comité.

“Recuerdo perfectamente a las familias relatarle la historia a Humberto Moreira con la esperanza de que el gobernador del Estado pudiera hacer algo desde su poder y privilegio por buscarles de manera inmediata y no sucedió, nos trataron de dividir desde ese entonces, ofreciéndonos dádivas y nos mantuvimos unidas”, recordó García.

“No hay claridad, no hay un ejercicio real tangible en el que nosotros podemos revisar que haya resultados en cuanto a búsquedas e investigaciones. Hemos luchado desde que Torres Charles era procurador del Estado y estaba Humberto Moreira. Ha sido una lucha eterna también pasar por gobiernos como el de Rubén, Riquelme y ahorita Manolo”, dice Brenda Rangel, hermana buscadora de Héctor.

Brenda recuerda que, a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), actualmente existe una disculpa pública pendiente del Gobierno de Coahuila e insiste en que un pendiente más, además del paradero de sus familiares, es el castigo para los culpables.

“Ojalá que haya sanciones, desde altos mandos, altos funcionarios y de todos los ministerios públicos que han tocado las averiguaciones previas y las investigaciones”, concluyó.