Brenda Rangel denuncia colusión de policías en Coahuila por la desaparición de su hermano; ‘me advirtieron que dejara de buscar’

Luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU determinó que la crisis de desapariciones en México debe ser analizada por la Asamblea General de Naciones Unidas, Brenda Rangel consideró que esta resolución no solo recoge años de insistencia de las familias, sino que también exhibe la profundidad de la impunidad y la corrupción que rodean estos casos.

Brenda busca a su hermano, Héctor Rangel Ortiz, originario de Querétaro y desaparecido en noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila. A más de 15 años de su desaparición, su caso forma parte del contexto documentado por organizaciones y colectivos sobre desapariciones en el estado.

UN CASO DENTRO DEL PATRÓN

Dentro del análisis retomado por el Comité, se incluyeron 32 casos emblemáticos de Coahuila, que agrupan 73 víctimas de larga data. Esa selección salió de un archivo documental de al menos 500 casos registrados en el estado y la región. La documentación refiere que, entre 2009 y 2016, en la entidad se repitieron patrones vinculados con la colusión entre corporaciones policiacas y el crimen organizado, así como desapariciones cometidas directamente por grupos de seguridad.

En el caso de Héctor, Brenda sostiene que la participación de policías quedó señalada desde el inicio. Antes de desaparecer, dijo, su hermano alcanzó a reportar que era vigilado por elementos municipales dentro de un hotel en Monclova.

“Son aproximadamente ocho policías y son como cuatro mandos arriba. Ocho policías municipales y cuatro mandos estatales. El caso de mi hermano tiene nombres y apellidos de policías que detuvieron a Héctor, que no han sido sancionados por la desaparición forzada porque lo entregaron al crimen organizado”, dijo.

Añadió que, por encima de esos agentes, había mandos superiores que tampoco fueron llamados a rendir cuentas.

AMENAZAS Y OMISIONES

En entrevista con VANGUARDIA, recordó que cuando llegó a Coahuila para buscar a su hermano, en noviembre de 2009, se encontró no solo con omisiones de las autoridades, sino también con advertencias directas para que dejara de insistir.

En ese momento, la procuración de justicia en el estado estaba encabezada por Jorge Torres Charles, durante el gobierno de Humberto Moreira.

“La misma autoridad nos decía que estábamos en peligro, que podían ir, que podían matarme a mí y a mi familia, que mejor nos fuéramos, que yo me fuera del estado de Coahuila porque me iban a matar”, recordó.

“Incluso el exgobernador Rubén Moreira me ofreció irme a una casa custodiada, y yo solo me preguntaba por qué no mejor hacían una limpia”, añadió.

JUSTICIA Y LA POSTURA DEL ESTADO

Para Brenda, la resolución del Comité es relevante porque, además de visibilizar lo ocurrido, vuelve a poner sobre la mesa la falta de castigo para funcionarios y servidores públicos que pasaron por estos expedientes sin esclarecerlos.

“Ojalá que haya sanciones de altos mandos, desde altos funcionarios, y que haya sanción para todos los ministerios públicos que han tocado las carpetas de investigación o las averiguaciones previas, porque esto no puede seguir ocurriendo. Solo en el caso de Héctor han pasado 10 ministerios públicos”, dijo.

Consideró además que el Estado mexicano debería asumir otra postura frente al señalamiento internacional y dejar de minimizar la magnitud de la crisis.

“Sí se necesita la atención y la visión de otros países para que nos ayuden, porque México no tiene voluntad política para hacer esta aclaración. Ha sido para nosotros un impacto muy fuerte porque hay una negación total de los desaparecidos en México”, concluyó.