Pendiente Congreso de Coahuila de legislar a favor de seguridad y paz en las instituciones educativas

El Congreso del Estado sigue pendiente en la legislación para garantizar la seguridad de los docentes y fomentar la cultura de paz en las instituciones educativas, pues fue en noviembre de 2019 cuando la entonces diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, del PRD, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación con el objetivo de gestionar de manera más efectiva los conflictos entre profesores, padres de familia y alumnos, misma que se ha mantenido “en la congeladora” desde entonces.

En su exposición de motivos, Ramírez Pineda subrayó la importancia de los valores, en particular el respeto a las normas jurídicas y a las figuras de autoridad, elementos cruciales para la formación de ciudadanos responsables desde la niñez. Sin embargo, desde la presentación de esta iniciativa y hasta la fecha, la figura del maestro ha enfrentado un creciente desprestigio y ataques. La diputada atribuye este fenómeno, conocido como “hiperpaternidad” o sobreprotección excesiva de los hijos, a un aumento en las amenazas y agresiones hacia los docentes por parte de padres y alumnos.

Según la propuesta, hasta los años previos a la pandemia por COVID-19, las agresiones contra docentes habían aumentado de manera dramática. Estas manifestaciones incluían mensajes violentos y amenazas en redes sociales, así como agresiones físicas y materiales, como golpes e insultos. Los ataques también han incluido daños a la propiedad de los maestros, como sus vehículos, especialmente en zonas marginadas y de alta conflictividad.

A pesar de que la propuesta data de 2019, su relevancia se ha intensificado en la actualidad debido a los recientes episodios de violencia contra los docentes. El caso más reciente ocurrió en una primaria en Saltillo, donde una docente fue golpeada por una pareja, padres de uno de sus alumnos, lo que le causó severas lesiones faciales que requirieron cirugía.

Isela Licerio Luevano, secretaria general de la Sección 38 del SNTE, también informó sobre un caso reciente en la Sección 5 del sindicato, que actualmente está bajo investigación.

En su propuesta, Ramírez Pineda enfatiza que las situaciones de violencia no solo afectan negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también impactan profundamente a los docentes. En su propuesta, la legisladora destaca que es esencial brindar una mínima protección a los educadores para que puedan cumplir con su misión de enseñar de manera efectiva.

La iniciativa busca crear condiciones de armonía entre alumnos y maestros, estableciendo obligaciones de respeto y mecanismos para que las autoridades educativas estatales gestionen de manera eficiente los conflictos entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Sin embargo, a pesar de su importancia, esta propuesta ha permanecido estancada en el Congreso durante casi cinco años en la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, a donde fue turnada para su estudio, sin que hasta la fecha haya sido dictaminada.

El Congreso del Estado sigue pendiente en la legislación para garantizar la seguridad de los docentes y fomentar la cultura de paz en las instituciones educativas, pues fue en noviembre de 2019 cuando la entonces diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, del PRD, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación con el objetivo de gestionar de manera más efectiva los conflictos entre profesores, padres de familia y alumnos, misma que se ha mantenido “en la congeladora” desde entonces.

En su exposición de motivos, Ramírez Pineda subrayó la importancia de los valores, en particular el respeto a las normas jurídicas y a las figuras de autoridad, elementos cruciales para la formación de ciudadanos responsables desde la niñez. Sin embargo, desde la presentación de esta iniciativa y hasta la fecha, la figura del maestro ha enfrentado un creciente desprestigio y ataques. La diputada atribuye este fenómeno, conocido como “hiperpaternidad” o sobreprotección excesiva de los hijos, a un aumento en las amenazas y agresiones hacia los docentes por parte de padres y alumnos.

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Según la propuesta, hasta los años previos a la pandemia por COVID-19, las agresiones contra docentes habían aumentado de manera dramática. Estas manifestaciones incluían mensajes violentos y amenazas en redes sociales, así como agresiones físicas y materiales, como golpes e insultos. Los ataques también han incluido daños a la propiedad de los maestros, como sus vehículos, especialmente en zonas marginadas y de alta conflictividad.

A pesar de que la propuesta data de 2019, su relevancia se ha intensificado en la actualidad debido a los recientes episodios de violencia contra los docentes. El caso más reciente ocurrió en una primaria en Saltillo, donde una docente fue golpeada por una pareja, padres de uno de sus alumnos, lo que le causó severas lesiones faciales que requirieron cirugía.

Isela Licerio Luevano, secretaria general de la Sección 38 del SNTE, también informó sobre un caso reciente en la Sección 5 del sindicato, que actualmente está bajo investigación.

En su propuesta, Ramírez Pineda enfatiza que las situaciones de violencia no solo afectan negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también impactan profundamente a los docentes. En su propuesta, la legisladora destaca que es esencial brindar una mínima protección a los educadores para que puedan cumplir con su misión de enseñar de manera efectiva.

La iniciativa busca crear condiciones de armonía entre alumnos y maestros, estableciendo obligaciones de respeto y mecanismos para que las autoridades educativas estatales gestionen de manera eficiente los conflictos entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Sin embargo, a pesar de su importancia, esta propuesta ha permanecido estancada en el Congreso durante casi cinco años en la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, a donde fue turnada para su estudio, sin que hasta la fecha haya sido dictaminada.