Pendientes candados para evitar especulación con vivienda social: Infonavit Coahuila

Ante la propuesta de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construya 5 mil viviendas en Coahuila, hace falta definir candados para que no se especule con las mismas.

Así lo consideró el delegado del Instituto en Coahuila, Gustavo Ernesto Díaz Gómez, este lunes en conferencia de prensa, afirmando que no es un problema exclusivo de Coahuila ni de México.

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Explicó que en los últimos años, el mercado inmobiliario ha abandonado la construcción de vivienda social, por lo que deben establecerse reglas claras para que las casas a construirse sí terminen beneficiando a trabajadores y no con precios inflados.

“Uno de los candados sería: si tú te vas a hacer de un departamento en renta, que no tengas otra propiedad. Esa es de entrada. Segunda, si vas a comprar una vivienda con uno de estos programas de Infonavit, que no hayas tenido otro crédito”, detalló Díaz Gómez.

Detalló que en los últimos siete años, la vivienda popular, es decir, la que tiene un valor de 650 mil pesos o inferior, dejó de construirse en un 70 por ciento, mientras que su valor aumentó en un 77 por ciento. “Así de drástico es el abandono total de la iniciativa privada en vivienda popular”, declaró.

El delegado citó las consideraciones de Edna Vega, propuesta para ser la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las que considera que hace falta una ley fuerte sobre regulación de la tierra.

Vega señaló que a la par de la ley faltan regulaciones federales, estatales y municipales para que la vivienda pueda salir del ámbito especulativo y pase a ser de apertura social.

“No quiere decir que esté mal que tú inviertas en terrenos o en departamentos, lo que pasa es que limita eso todo el derecho de una gran cantidad de personas a poder (acceder a alguno), porque el terreno es uno. Si un estado quiere ser pionero en esto, creo que Coahuila lo puede ser”, señaló.

Asimismo, consideró que la Estrategia Integral de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible para el Estado de Coahuila, publicado por ONU Hábitat y el gobierno estatal, ya recoge diagnósticos que ayuden en ese tema como el crecimiento cero de la zona urbana o el estrés hídrico.

‘EL MERCADO NO RESUELVE PROBLEMAS SOCIALES’

Díaz Gómez señaló que las dificultades que hoy tienen los trabajadores para hacerse de una vivienda se deben a la libertad que se le dio al mercado en el tema inmobiliario.

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De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y al programa parcial de Desarrollo Urbano de ‘Ciudad Derramadero’, el 45 por ciento de los saltillenses no tiene la posibilidad de comprar una vivienda.

Según el documento, para adquirir una vivienda “económica”, es decir de 850 mil pesos, es necesario tener un ingreso mensual de 30 mil pesos, mientras que el salario promedio en la ciudad es de 9 mil 410 pesos de acuerdo a la Secretaría de Economía federal.

“El mercado, es decir, la necesidad privada no va a resolver problemas sociales, ni hoy ni nunca. Hoy volteamos en nuestra ciudad de Saltillo y ya no vayamos al Registro Público de la Propiedad, pero sabemos a quiénes le pertenecen esas tierras y son contados con los dedos de la mano. Entonces, si dejamos al mercado eso, tenemos el escenario actual”, detalló Díaz Gómez.

AUMENTA EN MÁS DEL DOBLE PAGO EN VENTANILLA

Durante la presentación de resultados de las acciones de Cobranza Social, la Delegación de Coahuila explicó que de 2013 a 2023, los pagos en ventanilla aumentaron en más del doble.

Díaz Gómez explicó que los pagos en ventanilla son aquellos que realizan las personas acreditadas sin alguna relación laboral y que, por lo tanto, no se hacen a través de un descuento de nómina, sino de manera directa al Infonavit.

En 2013, en Coahuila el flujo de ventanilla fue de 346.26 millones de pesos, mientras que en 2023 fue de 894.56.

La delegación destacó que a partir de 2021 se dio un incremento en el pago directo gracias a las políticas de Cobranza Social. En 2020 el flujo fue de 616.29 millones de pesos, mientras que en 2021 fue de 737.73.

Destacó también que desde 2019, más de 257 mil 100 personas se han beneficiado de alguna solución de pago como liquidación anticipada, Responsabilidad Compartida (reestructuración de los créditos) o Apoyo a Jubilados.