Piden someter a consulta la permanencia de la dirigencia de la Sección 38, en Coahuila

El maestro Gustavo García cuestionó el trabajo de la dirigencia de la Sección 38 del magisterio de Coahuila, y pidió que sean sometidos a consulta de sus agremiados para decidir si deben continuar o renovarse.

García indicó que en 2022, Isela Licerio firmó 10 compromisos en representación de la planilla Aliados por el Rescate de la Sección 38, convertida ahora en Comité Ejecutivo Seccional.

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A la mitad de su gestión, Gustavo García considera que no se han cumplido los compromisos.

“A menos que hubiera evidencias, resultados concretos, públicos o de notorio e incuestionable conocimiento entre la comunidad magisterial que indicaran que sí, la respuesta, sin ambages, es: No, no se han cumplido”, indicó.

Agregó: “La gestión sindical no ha estado a la altura de la gran expectativa que se despertó en la base a raíz del cambio. Los temas contenidos en los compromisos siguen vigentes, como necesidades”.

Entre los compromisos destaca evitar toda subordinación al gobierno o a partidos políticos como el PRI, el PAN, Morena o cualquier otro, así como a exdirigentes y facciones sindicales que pretendan seguir lucrando política y económicamente con el SNTE.

Otro de los puntos que destacan es “desarticular los vínculos y relaciones comerciales que mediante el tráfico de influencias de funcionarios o dirigentes sindicales privilegien los intereses de corporaciones médicas particulares, prestadores de servicios, proveedores y otros tipos de empresas, y no permitir más que se hagan negocios a costa de las instituciones de seguridad social del magisterio y en perjuicio de los agremiados”.

Es importante mencionar que Medica Integralis, empresa del hijo de Alfonso Cepeda Salas, es uno de los proveedores consentidos del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, ya que desde su creación en 2014, la compañía ha sido beneficiada con convenios de millones de pesos cada año.

Al corte del tercer trimestre del año, se tiene un adeudo de 8 millones de pesos por servicios subrogados; es el mayor monto que se tiene con una empresa externa.