Servicio Médico SNTE: ¿la corrupción lo ahogó?

El sistema de salud que en Coahuila se construyó para garantizar este derecho a los trabajadores de la educación, esencialmente los afiliados a la sección 38 del SNTE, se encuentra colapsado desde hace mucho tiempo. Una de las causas detrás de dicho colapso es que ha sido mal administrado.

Y por mala administración debe entenderse no solamente el hecho de que se hayan tomado decisiones equivocadas debido a la inexperiencia de quienes las tuvieron a su cargo, sino también el que se actuara en contra de los intereses del modelo y prohijado actos de corrupción.

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Estos últimos han sido larga y ampliamente documentados a través de múltiples trabajos periodísticos, pero también por las instituciones responsables de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos. La Auditoría Superior del Estado (ASE) acumula en este sentido una auténtica colección de denuncias penales por esta conducta.

Un ejemplo de ello es la información consignada en el Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior al Primer Trimestre del 2024 publicado ayer y que, como lo informamos en esta edición, contiene datos de las denuncias por el uso irregular de recursos en dicho sistema.

Las denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado y se integran a partir de la detección de hechos irregulares que habrían causado un daño patrimonial por más de 870 millones de pesos entre 2015 y 2022.

El monto de las irregularidades resulta realmente escandaloso y retrata una realidad que debe señalarse sin ambigüedades: el modelo de administración utilizado para operar el modelo de seguridad social del magisterio coahuilense es uno que prohijó la corrupción.

Y esto es así porque el Gobierno de Coahuila permitió que la dirigencia sindical tuviera largamente, como una “concesión política”, la prerrogativa de decidir quién administraba el sistema. Ello se tradujo en la designación de personas que no solamente resultaron incompetentes para la tarea sino también, como queda hoy en evidencia, deshonestas.

Pero el problema de fondo, como se ha dicho en reiteradas ocasiones a propósito de la denuncia de conductas similares, es la impunidad. Porque si la corrupción se descubre, pero se castiga, entonces no pasa de ser una anomalía. En el caso de los servicios de salud del magisterio terminó siendo una auténtica cultura, una conducta normalizada.

El producto más reciente de dicha cultura ha sido la decisión del Gobierno de Coahuila de asumir la administración de las clínicas en un intento postrero de “rescatar” el sistema, algo que se antoja sumamente difícil -si no imposible- porque el daño se encuentra sumamente extendido.

Pero ante la realidad actual, un instrumento mínimo de reivindicación para la base trabajadora sería que, al menos, los actos de corrupción identificados no queden impunes, sino que sus perpetradores sean castigados con todo el rigor de la ley. Por desgracia, eso no es algo que aparezca en el horizonte como un desenlace posible.