Poder Judicial de Coahuila espera agilidad en recuperación del ‘ficreazo’ de 91.8 mdp; tras extradición de dueño de financiera
COMPARTIR
TEMAS
Con la extradición a México del dueño de la financiera Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, el Poder Judicial de Coahuila espera agilidad en la recuperación de 91.8 millones de pesos que aún se adeudan de los 125.6 millones de pesos originalmente invertidos en esta sociedad financiera, de acuerdo con el magistrado Miguel Mery Ayup.
Con números exactos, la defraudación de Ficrea al Poder Judicial de Coahuila durante la gestión del magistrado presidente Gregorio Pérez Mata, ascendió a 125 millones 645 mil 580.09 pesos, de los cuales se han recuperado 33 millones 810 mil pesos.
El Poder Judicial de Coahuila, en las administraciones de Miriam Cárdenas y Miguel Mery Ayup, ha recuperado el 27 por ciento del monto originalmente depositado en Ficrea; en la gestión de Miguel Mery el pasado 12 de junio de 2021 se obtuvieron 8 millones de pesos como acreedores del juicio mercantil que se sigue contra la financiera.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia explicó que a su llegada al Poder Judicial se encargó de reactivarse como acreedores en el juicio mercantil de todos los deudores contra Ficrea.
Sin embargo, también interpusieron una nueva denuncia por el presunto fraude y de ahí derivó una orden de aprehensión contra una persona, emitida por un juez federal, esto dentro del sistema penal tradicional o escrito, porque los hechos ocurrieron cuando aún no tenía vigencia en el nuevo Sistema de Justicia Penal.
El dinero invertido por el Poder Judicial de Coahuila, aparentemente de manera irregular de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, provenía del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia, y se supo del fraude hasta que el 7 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y Valores intervino a la Sociedad Financiera Popular Ficrea.
Actualmente, el Poder Judicial de Coahuila tiene la necesidad de contratar más jueces y tiene en puerta la construcción de una Ciudad Judicial en Saltillo, por lo cual 91.8 millones de pesos que aún le adeudan del caso Ficrea le ayudarían en cualquiera de los dos pendientes.
A la recuperación de los recursos públicos y castigo para los responsables también se ha sumado la Auditoría Superior del Estado, la cual en 27 de agosto de 2018 presentó una denuncia de 35 páginas ante la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, partiendo de la premisa de que las operaciones del Tribunal, realizadas desde el año 2010 con Ficrea, eran ilegales.
Ayer, la Fiscalía General de la República informó que el gobierno de Estados Unidos deportó a México a Olvera Amezcua, quien enfrenta en el país cargos penales por los delitos de lavado de dinero y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.