Caso de bebé fallecida en Saltillo evidencia vulnerabilidad de la primera infancia, advierte especialista

El fallecimiento de una bebé de un año en Saltillo, cuyas circunstancias son investigadas por las autoridades ante la sospecha de violencia, pone sobre la mesa dos preocupaciones: la vulnerabilidad de los niños que todavía no pueden pedir ayuda y la necesidad de fortalecer el acompañamiento a adolescentes que asumen responsabilidades de crianza.

Así lo consideró Fernanda Barreda, abogada litigante en materia familiar y especialista en derechos de la infancia, quien señaló que el caso debe analizarse sin anticipar responsabilidades, pero también como una oportunidad para revisar los mecanismos de prevención y protección de menores.

La niña falleció el lunes 19 de octubre en el Hospital Materno Infantil de Saltillo, después de haber recibido atención médica por lesiones graves. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, la muerte estuvo relacionada con un traumatismo craneoencefálico y politraumatismo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo se produjeron las lesiones.

La madre y el padrastro, ambos adolescentes, se encuentran sujetos a las actuaciones correspondientes de las autoridades, sin que hasta el momento se haya establecido públicamente una responsabilidad definitiva.

Para Barreda, uno de los aspectos más preocupantes es que una víctima de tan corta edad depende completamente de los adultos de su entorno para que cualquier situación de riesgo pueda ser detectada.

“Estamos hablando de una niña de un año que no es tan fácil que pueda pedir ayuda o decirle a algún adulto cercano: ‘Oye, me están violentando’, en caso de que así fuese”, expresó.

SIN ANTECEDENTES CONOCIDOS NO PUEDE HABLARSE DE OMISIONES

La especialista aclaró que, con la información disponible, no encuentra elementos suficientes para afirmar que alguna autoridad haya incumplido sus obligaciones de protección.

Explicó que una intervención institucional puede depender de que existan denuncias, reportes médicos o señales de riesgo conocidas por las autoridades. No obstante, reconoció que se desconoce si hubo antecedentes de esa naturaleza en este caso particular.

Desde su perspectiva, la prevención también requiere que familiares, vecinos y personas cercanas estén atentos a las condiciones en las que viven los niños, especialmente cuando todavía no pueden comunicar lo que les sucede. Recordó que las sospechas de maltrato pueden hacerse del conocimiento de las autoridades, incluso mediante denuncias anónimas, para que las instancias de protección infantil valoren las circunstancias y determinen si es necesaria alguna intervención.

PIDEN ACOMPAÑAMIENTO

Otro punto que destacó Barreda es la importancia de dar seguimiento a las madres adolescentes después del parto, particularmente para identificar si cuentan con apoyo familiar, orientación para la crianza y condiciones adecuadas para cuidar a sus hijos. La abogada consideró que las acciones institucionales no deberían limitarse a la atención durante el embarazo o el nacimiento, sino contemplar acompañamiento posterior y, cuando resulte necesario, canalización a instancias de asistencia social.

“También tener un seguimiento cercano de su caso, de qué necesita, de si la bebé está bien, si hay alguna omisión de cuidados o alguna negligencia, si tiene red de apoyo”, planteó.

Entre los factores de riesgo que mencionó se encuentran la ausencia de redes de apoyo sólidas y la falta de herramientas para una crianza libre de violencia. Sin embargo, precisó que estas consideraciones son generales y no permiten establecer qué ocurrió en el entorno de la menor fallecida.

PERITAJES Y ENTORNO FAMILIAR, CLAVES PARA ESCLARECER CASO

Respecto a la investigación, Barreda señaló que los dictámenes médicos son fundamentales para establecer el origen de las lesiones y su relación con el fallecimiento. Añadió que las evaluaciones correspondientes y la reconstrucción de la dinámica familiar pueden aportar elementos para determinar si existía un entorno de violencia o si deben considerarse otras circunstancias.

También recordó que, al tratarse de personas adolescentes bajo investigación, el procedimiento debe desarrollarse conforme al sistema de justicia especializado para ese grupo de edad.

Finalmente, llamó a fortalecer la cultura de la denuncia y la atención a las señales de riesgo, sin esperar a que se produzcan consecuencias irreversibles. “No solamente estar pendientes de nuestros hijos, sino también observar lo que sucede a nuestro alrededor y, si vemos alguna señal de alerta y de violencia, hacerlo del conocimiento de las autoridades”, concluyó.