Propone diputado por Coahuila pensión garantizada para viudas y huérfanos de víctimas del crimen organizado
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Iniciativa plantea respaldo económico permanente a familias afectadas por delitos, financiado con recursos públicos y bienes decomisados
El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer una pensión digna en favor de viudas y huérfanos de personas fallecidas a causa de la violencia vinculada al crimen organizado.
La propuesta plantea que este apoyo económico no sea inferior al salario mínimo mensual vigente y se constituya como un derecho permanente, exigible y desvinculado de cualquier criterio discrecional. Para su operación, se prevé la creación de un Fondo Nacional de Pensiones para Víctimas de la Violencia, administrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El legislador explicó que dicho fondo se integraría con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, bienes decomisados al crimen organizado, así como aportaciones y donaciones, bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas.
RESPUESTA ESTRUCTURAL ANTE CRISIS DE VIOLENCIA
Moreira Valdez subrayó que la iniciativa responde a un contexto de violencia que ha dejado profundas secuelas sociales y económicas en miles de familias mexicanas. Citó que en 2024 se registraron más de 33 mil homicidios en el país, además de 23.1 millones de personas víctimas de algún delito, con altos niveles de impunidad.
“El impacto no termina con la pérdida de una vida; continúa en la desarticulación de los hogares y en la precariedad de quienes dependen económicamente de la víctima”, advirtió.
En ese sentido, enfatizó que el objetivo central es evitar que la tragedia derive en pobreza, abandono escolar o trabajo infantil, fenómenos asociados a la pérdida del sustento familiar.
REFORMA CON PLAZOS Y ALCANCE INSTITUCIONAL
El proyecto contempla la adición del artículo 4º constitucional para reconocer este derecho, así como un régimen transitorio que establece un plazo de 90 días para que el Congreso realice adecuaciones legales, y de 180 días para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas constituya y ponga en operación el fondo.
El legislador recordó que la desaparición en 2020 del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral debilitó la capacidad institucional para atender a víctimas, por lo que consideró urgente restablecer mecanismos de apoyo con carácter permanente.
“Se trata de justicia constitucional, no de asistencialismo. El Estado debe garantizar condiciones mínimas de vida a quienes han sido afectados indirectamente por la violencia”, sostuvo.
La iniciativa coloca en el centro del debate el papel del Estado frente a las víctimas indirectas, al reconocer que la reparación del daño no solo implica sancionar delitos, sino también asegurar condiciones materiales que permitan reconstruir proyectos de vida.
