Proponen en Congreso de Coahuila tipificar como delito la violencia vicaria

El PRI propone reformas legales para incorporar el delito de violencia vicaria, definida como un tipo de violencia que padecen las mujeres generalmente en procesos de separación o de divorcio por parte de la pareja o expareja con el fin de dañarla a través de las hijas e hijos, fenómeno que va en aumento, pero incluye la agresión en contra de cualquier integrante de la familia para lastimar a la mujer.

Luz Elena Morales Núñez y Eduardo Olmos Castro, diputados del PRI, presentaron la iniciativa de modificación a los artículos 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los artículos 251 y 252 del Código Penal en materia de violencia vicaria, para sancionarla con cárcel.

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En el Artículo 8 se establecería que la violencia vicaria “es aquella acción u omisión que se ejerce con la intención de causar daño psicológico, emocional o de ejercer manipulación, control o dominio sobre la mujer, al ejercer violencia física, psicológica, patrimonial o económica en una tercera persona que mantiene un vínculo por consanguinidad o por afinidad con ella o que está sujeta a su tutela, guarda y custodia realizada por quien tiene o haya tenido una relación de pareja o de hecho, con o sin convivencia”.

También se refiere a la interposición de procedimientos judiciales fraudulentos o conductas procesales dilatorias, con la intención de impedir a la mujer la convivencia o guarda y custodia con sus hijas, hijos o personas incapaces con quien mantiene una relación.

La modificación al Artículo 251 establece de 6 meses a 6 años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y en su caso, como medida de seguridad, a juicio del juez, prohibir a la persona agresora, que puede ser la mujer, el ir a determinado lugar o de residir en él hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

En el 252 se señala que la violencia vicaria aquella acción u omisión por la que se ejerce violencia física, psicológica, patrimonial o económica en contra de una persona por motivos ajenas a ésta, con la intención de causar daño psicológico, emocional o ejercer manipulación, control o dominio sobre una tercera persona con quien mantiene una relación por consanguinidad o afinidad con ella.

O bien, que está sujeta a su tutela, guarda, custodia, protección, educación, cuidado o dependencia, y con quien la persona agresora mantenga o haya mantenido una relación.

Hasta el momento, solo Zacatecas, Yucatán, Hidalgo y el Estado de México han legislado al respecto.