Psicológica, económica y sustracción de menores, los focos rojos de violencia contra la mujer en Saltillo
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La violencia contra las mujeres en Saltillo sigue siendo una preocupación latente, manifestándose en diversas formas que van desde el abuso psicológico y económico hasta la sustracción de menores.
A pesar de los esfuerzos por visibilizar estos problemas y crear una cultura de denuncia, muchos casos siguen sin reportarse, según Deyanira Nájera, Directora General del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del estado de Coahuila.
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La violencia psicológica y económica son dos formas de agresión que a menudo permanecen invisibles. Nájera explica que una de las principales barreras para abordar estos tipos de violencia es la falta de información, tanto para las víctimas como para la sociedad en general.
“No es que no exista, sino que a veces no se reporta o no se tiene tanto la información de qué consiste el acoso o el hostigamiento sexual”, señala. Esta falta de claridad sobre qué constituye violencia dificulta que las víctimas identifiquen su situación y, por ende, presenten una denuncia formal.
La violencia económica, particularmente, está ligada al incumplimiento de obligaciones alimenticias, una problemática que afecta directamente a mujeres y niños.
“Yo creo que violencia económica estaríamos hablando del incumplimiento injustificado de obligaciones alimenticias”, menciona Nájera, indicando que este tipo de violencia también es difícil de detectar, ya que no siempre resulta en denuncias.
Además, muchos casos terminan con acuerdos informales o voluntarios, como el reintegro de menores sin necesidad de intervención judicial formal.
SUSTRACCIÓN DE MENORES
La sustracción de menores es otro foco rojo que preocupa a las autoridades y afecta principalmente a madres que ven a sus hijos e hijas alejados de su cuidado de manera no autorizada.
Según Nájera, aunque este tipo de casos representa un 10 % de las denuncias recibidas, en muchos casos no se llega a una sentencia formal porque los menores son reintegrados a la madre de manera voluntaria. Sin embargo, alerta sobre la necesidad de dar seguimiento a los casos, incluso cuando se llega a una suspensión condicional, pues esto no implica que el caso esté cerrado.
“El caso se puede reanudar si el agresor no cumple con las condiciones impuestas por el juez”, aclara.
La violencia vicaria es una forma de agresión en la que el agresor no ataca directamente a la mujer, sino que la lastima a través de sus seres queridos, principalmente sus hijos. En este contexto, el secuestro o la retención ilegal de los menores por parte de la pareja o expareja se convierte en un instrumento de control y castigo hacia la madre.
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El agresor, al sustraer a los hijos, busca generar sufrimiento, desesperación y angustia en la mujer, utilizándolos como una herramienta para prolongar el maltrato.
Esta acción no solo vulnera los derechos de la mujer, sino también los de los niños, quienes son expuestos a una situación de inestabilidad emocional, afectiva y a un entorno de conflicto entre sus progenitores.
En muchos casos, la sustracción de menores está vinculada a otros tipos de violencia, como la económica, cuando el agresor retiene a los hijos como forma de chantaje para no cumplir con las obligaciones alimentarias, o a la violencia psicológica, al manipular emocionalmente a la madre con la amenaza de no devolver a los niños.
LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR
Un aspecto preocupante es el alto número de mujeres que deciden retirar sus denuncias. Nájera señala que de cada 10 casos, siete denuncias suelen ser retiradas debido a que las mujeres vuelven con sus agresores o se arrepienten de continuar el proceso legal.
Esto refleja no solo la complejidad emocional que enfrentan las víctimas, sino también la falta de recursos y apoyo para continuar con los procesos judiciales.
La Directora del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres destaca que, aunque las víctimas retiren sus denuncias, el delito de violencia familiar es de oficio, lo que implica que las autoridades deben seguir dando seguimiento a las investigaciones, independientemente de la decisión de la víctima.
“Aunque ellas a veces desistan, el Ministerio Público tendría que estar dándole seguimiento a esa carpeta”, recalca Nájera.
Nájera afirma que el aumento en las cifras de denuncias no necesariamente indica un incremento en la violencia, sino que más mujeres están acudiendo a los centros de justicia para recibir ayuda. “La idea es que ellas tengan esta información y la posibilidad de denunciar”, asegura.
A pesar de los avances en la creación de espacios para el empoderamiento de las mujeres, queda un largo camino por recorrer para erradicar la violencia en todas sus formas.
