UAdeC reitera cero tolerancia a violencia contra mujeres y acepta falla en protocolo de atención a menor

Ante las recientes acusaciones en contra de Aldo Martínez Hernández, docente de la Facultad de Jurisprudencia y ex diputado federal por Coahuila; el secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Sánchez y Nadia Libertad Salas, titular del Tribunal Universitario para la atención de los casos de violencia de género, en representación de la máxima casa de estudios, reiteraron la cero tolerancia en contra de quien violente a las mujeres de la institución.

Víctor Sánchez explicó que el docente fue detenido el pasado domingo 6 de octubre por haber ejercido violencia física contra su esposa, quien también es parte de la comunidad universitaria. Posteriormente, una alumna de la facultad denunció hechos que se suscitaron previo a su detención, cuando Aldo Martínez pidió fotografías de la menor bajo una presunta connotación sexual, lo que ha abierto la puerta para que otras posibles víctimas se acerquen al Tribunal Universitario en busca de atención.

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Sánchez enfatizó que la detención de Martínez Hernández se llevó a cabo conforme a la ley, dado que fue atrapado en el acto del delito. “Las leyes penales en nuestro país establecen que cuando una persona es sorprendida realizando un delito, puede ser detenida en ese momento por las autoridades, de tal manera que no tiene que mediar una orden de por medio y por ende las autoridades realizaron la detención de esta persona que sigue, hasta donde conocemos, en dicha calidad”, agregó.

Ante esta situación, las autoridades informaron que se llevó a cabo la activación inmediata del protocolo de actuación sin necesidad de una denuncia previa, por lo que desde el inicio de la semana en curso se iniciaron las investigaciones correspondientes de oficio y se han establecido las medidas cautelares para proteger a las víctimas.

Estas medidas incluyeron la suspensión temporal del docente, quien no podrá impartir clases mientras dure el proceso de investigación, el cual tendrá una duración de entre 15 y 32 días hábiles. Esta medida cautelar podría volverse definitiva si se confirma su culpabilidad.

Al respecto, Sánchez subrayó que cualquier persona que cometa actos de violencia de género no tiene cabida en la UAdeC, por lo que desde el inicio de la administración de Octavio Pimentel al frente de la universidad se han implementado políticas estrictas contra la violencia de género, se han fortalecido los protocolos de actuación y se ha revalorizado el papel del Tribunal Universitario para atender estos casos.

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Añadió que la universidad ha centrado sus esfuerzos en tres áreas clave: apoyo a las víctimas, desarrollo de protocolos universitarios y colaboración con las autoridades externas, incluyendo la Fiscalía y la Pronnif en los dos casos recientes.

ACEPTA QUE FACULTAD MANEJÓ MAL PROTOCOLO

Nadia Salas Carrillo destacó que se ha activado el protocolo de protección para garantizar la seguridad de las víctimas. “Con perspectiva de género y con perspectiva victimológica es que se resuelven los casos en el tribunal universitario.

“Desde un inicio se les ofreció apoyo psicológico y ya tienen la atención. el acompañamiento que han recibido por parte del tribunal, universitario y de la Universidad Autónoma de Coahuila ha sido desde el inicio en todo momento y estamos en estrecho contacto con ellas”, comentó.

La coordinadora también abordó preocupaciones sobre el manejo de testimonios de menores de edad, asegurando que el protocolo incluye la presencia de tutores legales en estos casos, mismo que no se siguió en el caso de la menor, por un descuido de la facultad.

“Evidentemente no se tuvo el cuidado debido de verificar que se trataba de una menor, no sólo porque nuestro protocolo así lo exige, sino porque hay una serie de tratados en donde si un niño o niña adolescente es parte de un proceso, tienen que estar presentes sus tutores legales”, señaló Víctor Sánchez.

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Sánchez hizo hincapié en que la comunicación interna es crucial, especialmente en la gestión de casos sensibles como este. Señaló que la Facultad de Jurisprudencia fue la primera en recibir la denuncia, pero subrayó la importancia de seguir los procedimientos establecidos para asegurar un manejo adecuado.