Rechaza IEC propuesta ciudadana de debate con candidaturas de Saltillo

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) rechazó la propuesta ciudadana presentada por el Colectivo Transporte Digno Saltillo (TDS) para llevar a cabo un debate entre las candidaturas que compiten por una diputación en el Congreso del Estado dentro de los distritos de Saltillo.

A través de un oficio recibido por la organización civil el pasado domingo 24 de mayo de 2026, el órgano electoral notificó su decisión argumentando limitaciones de tiempo y recursos para su organización.

La resolución se basó principalmente en complicaciones de calendarización, así como en la falta de suficiencia presupuestal y operativa.

Entre los argumentos que expuso el IEC para justificar la falta de capacidad organizativa, se encuentra que en el presente Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026 el periodo de campañas se redujo de 40 a 30 días en comparación con procesos anteriores, lo que impactó directamente en la planeación y ejecución de las actividades oficiales.

Adicionalmente, la autoridad electoral enumeró múltiples tareas que se encuentran pendientes dentro de su agenda institucional. Entre ellas destacan el desarrollo de los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la ejecución de simulacros de cómputos y la distribución de paquetes electorales a los Comités Distritales.

De igual manera, el instituto mencionó la verificación de medidas de seguridad en documentación electoral y del líquido indeleble. “La disponibilidad financiera y operativa del IEC se encuentra orientada primordialmente a las actividades sustanciales y de carácter obligatorio”, señaló la autoridad electoral en el documento enviado.

LIMITACIONES OPERATIVAS DEL INSTITUTO

Pese a que el dictamen del IEC abrió la posibilidad de que los propios candidatos organicen ejercicios de debate en coordinación con medios de comunicación, universidades o agrupaciones civiles, el colectivo TDS apuntó que las limitaciones de tiempo impiden gestionar un evento de este tipo de forma independiente.

Por su parte, los integrantes de la agrupación ciudadana manifestaron que la solicitud de realizar al menos un encuentro público respondía a la necesidad de asegurar la transparencia.

“La organización de debates es el primer paso para asegurar que el próximo Congreso responda a los intereses de la gente”, comentó el colectivo.

De acuerdo con la postura de la organización, la iniciativa buscaba impulsar las condiciones idóneas para emitir un voto razonado ante los problemas de la entidad. Entre ellos, se buscaba abordar materias como movilidad, deuda pública, gestión del agua, seguridad y derecho a la ciudad.

“Los ciudadanos deben motivar su petición aclarando que desean conocer qué leyes específicas proponen modificar o crear los candidatos”, expuso la organización civil.

PROPUESTAS Y AGENDAS CIUDADANAS

De haberse efectuado la confrontación de propuestas, las candidaturas habrían sido interrogadas sobre mecanismos para fiscalizar el gasto público de la entidad, pues el colectivo recordó que el Poder Legislativo es la instancia responsable de revisar la Cuenta Pública estatal por medio de los trabajos de la Auditoría Superior del Estado.

La agrupación consideró fundamental que la población cuente con herramientas informativas claras para evaluar la transparencia financiera.

En el rubro de reformas legales, la organización planeaba cuestionar la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, señalando que dicho proceso técnico requiere modificaciones en al menos 12 leyes de carácter local para asegurar que no se presenten controversias jurídicas durante su posterior implementación en los municipios.

La agenda de la comunidad integraba además revisiones detalladas a la Ley de Participación Ciudadana y a la Ley de Procedimiento Administrativo.

A su vez, los organizadores pretendían que los contendientes fijaran plazos específicos para la ejecución de sus respectivas propuestas legislativas, evitando soluciones a corto plazo.

TRANSPARENCIA EN LA LEGISLATURA

Los promoventes explicaron que conocer el itinerario de trabajo de los aspirantes permite evaluar la seriedad de los proyectos de ley presentados.

“La labor legislativa no es inmediata; requiere procesos de dictaminación en comisiones, debates en el pleno y, en ocasiones, consultas”, comentó TDS.

Los miembros de la organización concluyeron que la negativa a participar en debates públicos suele anticipar conductas de opacidad en el ejercicio gubernamental posterior.

“Un diputado que se niega a debatir es un diputado que, con alta probabilidad, se negará a rendir cuentas una vez en el cargo”, afirmó la organización.

La agrupación civil sostuvo que la configuración de la próxima legislatura local debe estar definida por criterios técnicos, la inclusión y la transparencia integral.

“La soberanía reside en el pueblo, y es este quien tiene la última palabra sobre el formato y el fondo de la contienda electoral”, concluyó TDS.