Reconoce Coahuila deepfakes sexuales y cohabitación forzada como delitos

El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad la incorporación de dos nuevos delitos al Código Penal del estado, con el objetivo de ampliar la protección de las personas frente a nuevas formas de violencia digital y a prácticas de unión forzada que aún persisten en distintas comunidades.

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En materia de tecnología, la reforma, impulsada por la diputada Blanca Lamas, sanciona la difusión de imágenes íntimas alteradas o creadas mediante inteligencia artificial, conocidas como deepfakes, cuando se utilicen para causar descrédito público o afectar la reputación, el honor o la privacidad de una persona. Las penas previstas van de tres a seis años de prisión, además de multas económicas.

La iniciativa modifica la fracción IV del artículo 236 del Código Penal, relativo al acoso y la privacidad sexual. El texto establece sanciones para quien, mediante cualquier tecnología, altere, edite o modifique imágenes o videos de una persona, o falsifique su perfil o identidad, con el propósito de exhibirla en situaciones íntimas o sexuales y perjudicarla. En su exposición de motivos, la legisladora explicó que un deepfake es una “imagen, video o archivo de audio generado por IA que reemplaza de manera convincente la imagen y/o la voz de una persona por la de otra”.

Lamas advirtió que este tipo de prácticas, junto con otras formas de agresión digital, tienen un impacto creciente, especialmente entre jóvenes y adolescentes, debido a que el ciberacoso puede difundirse con rapidez, mantenerse en el anonimato y resultar difícil de eliminar. Destacó que la propuesta surgió del trabajo conjunto con integrantes del Parlamento Juvenil 2024, cuyas preocupaciones fueron incorporadas al proyecto.

Además, el Congreso también avaló tipificar la cohabitación forzada como delito. La iniciativa, presentada por la diputada Beatriz Fraustro, adiciona un nuevo capítulo al Código Penal para sancionar a quien obligue, coaccione o induzca a una persona menor de 18 años, o sin capacidad para comprender o resistir el hecho, a unirse informalmente con otra persona y convivir de manera constante, en condiciones equiparables a un matrimonio.

Para este delito se contemplan penas de ocho a quince años de prisión y multas de mil a dos mil quinientos días, con un incremento de hasta la mitad cuando la víctima pertenezca a una comunidad indígena o afromexicana. En la exposición de motivos se subraya que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, las uniones tempranas y forzadas continúan ocurriendo, por lo que la reforma busca visibilizar y erradicar estas prácticas.