Reformas son un peligro para la economía mexicana: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que las reformas constitucionales propuestas este año podrían desestabilizar significativamente la economía del país. Las modificaciones en el marco legal, que abarcan desde cambios en el Poder Judicial hasta la eliminación de organismos autónomos, generan un clima de incertidumbre que podría impactar negativamente la competitividad y la inversión en México.

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Uno de los aspectos más preocupantes es la reforma al Poder Judicial recién aprobada, que contempla la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la elección popular de jueces y magistrados. Esta medida, según el IMCO, podría resultar en una menor certeza jurídica y una posible partidización del sistema judicial. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, buscan un entorno estable y predecible para sus decisiones, y la falta de un sistema de justicia imparcial incrementa el riesgo de impunidad. Esto podría desincentivar la inversión, en un momento en que se necesita más que nunca para estimular el crecimiento económico.

Al respecto, se señala que Estados Unidos y Canadá, socios estratégicos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya han manifestado su inquietud ante esta reforma. La percepción de un sistema judicial comprometido podría llevar a una reducción en la inversión extranjera directa (IED), afectando la creación de empleos y el crecimiento económico en el país.

Además, la propuesta de extinguir siete organismos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), también tiene repercusiones alarmantes. Al integrar estos organismos a dependencias gubernamentales, se corre el riesgo de concentrar aún más el poder en el Ejecutivo, lo que podría conducir a una falta de competencia en sectores cruciales como telecomunicaciones y energía.

“La desaparición de los siete organismos afecta la arquitectura institucional, genera desequilibrios al incrementar la concentración de las decisiones clave en el Poder Ejecutivo”, señala el IMCO.

“La eliminación del IFT, la Cofece y la CRE —y su integración a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Energía (SENER), respectivamente— tiene potenciales conflictos directos con ciertas disposiciones del T-MEC”, añade.

Ante ello, la eliminación de estos organismos podría generar conflictos comerciales con Estados Unidos y Canadá, afectando el acceso a mercados y limitando las oportunidades de negocio para las empresas mexicanas.

Las reformas en sectores estratégicos como energía, agua y biotecnología agrícola añaden otra capa de incertidumbre. Las propuestas que restringen la inversión privada en el sector energético pueden llevar a ineficiencias económicas y un aumento en los costos de la energía, lo que afectaría a múltiples industrias que requieren precios competitivos para operar. Asimismo, las limitaciones en la disponibilidad de agua y las restricciones al uso de maíz genéticamente modificado podrían generar presiones inflacionarias y limitar las opciones de los consumidores, complicando aún más la situación del sector agrícola.

En este contexto, las cámaras empresariales han comenzado a expresar preocupaciones sobre las reformas propuestas por el gobierno actual y el inminente cambio de administración.

IP expresa preocupación: es incierto el panorama económico para México el próximo año.

Las voces de líderes empresariales como Alfredo López Villarreal, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, y Eduardo Garza, presidente de la Canacintra Saltillo, destacan la necesidad de un enfoque renovado para asegurar un entorno favorable para la inversión y el crecimiento económico.

Alfredo López Villarreal advirtió que la desaceleración económica ya es evidente, con proyecciones de crecimiento por debajo del 1% para el próximo año. Mencionó que alrededor del 40% a 50% de las nuevas inversiones están actualmente en pausa debido a la incertidumbre provocada por las reformas. Este estancamiento no solo afecta a nuevas inversiones, sino también a la reinversión de utilidades por parte de empresas ya establecidas.

“Es preocupante porque muchas inversiones se han detenido, tanto nuevas inversiones, que estaban haciendo con reinversión de utilidades, como nuevas inversiones se han detenido a nivel local y a nivel nacional porque están a la expectativa de cómo se van a implementar las reformas, sobre todo la reforma judicial y qué va a contener en cuanto al estado de derecho que tienen las empresas”, señaló.

“Hay indicadores de nosotros en Data Coparmex a nivel nacional que están manifestando que hay un desaliento y una incertidumbre tremenda para las nuevas inversiones para el próximo año; no hay nuevas inversiones ahorita pronosticadas. Es un panorama difícil para el próximo año, a menos que el gobierno federal se ponga las pilas y haga algo para, de alguna forma, motivar a la inversión extranjera y nacional; no le vemos otro cambio para una desaceleración económica: la única manera sería dar certidumbre jurídica, sobre todo en el estado de derecho”, añadió.

Eduardo Garza coincidió en que el entorno actual exige un enfoque más serio y planificado por parte de la nueva administración. Las preocupaciones sobre la militarización de la seguridad pública también han emergido, con el riesgo de que esta estrategia desvíe la atención de los problemas estructurales que enfrenta el país. Según Garza, esta militarización podría generar luchas internas y afectar la estabilidad que los inversionistas buscan.

“En el caso de Coahuila, tanto la Guardia Nacional como el Ejército han sido parte fundamental para gozar de la seguridad que tenemos, que nos permite que sigan aterrizando las inversiones en forma adecuada. Hay que seguir fortaleciendo muchísimo a las policías municipales y estatales para estar al nivel y no dejarle todo al Ejército”, opinó.