Saltillo: acusan a MP de dilatar caso de Ley Olimpia aplicada a un hombre
En un complicado proceso judicial que se extiende desde 2022, Diego ‘N’ ha enfrentado múltiples obstáculos en su búsqueda de la justicia contra su ex esposa, Yessica ‘N’, acusada de violación a la intimidad sexual.
Según Brenda Zavala de la Peña, asesora legal de la víctima, a lo largo del proceso han sido afectados a través de actos de dilación, discriminación de género y la negativa a realizar una investigación por parte de las autoridades, que han marcado el curso del caso.
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Tras lograr la vinculación a proceso de Yessica ‘N’ en 2022, la defensa apeló argumentando la insuficiencia de pruebas, lo que llevó a una fase de investigación adicional de seis meses. Según la abogada, durante este periodo se recabaron nuevas e importantes pruebas como testimoniales adicionales y un peritaje psicológico de la víctima, fortaleciendo el expediente y subsanando las posibles deficiencias legales de las que derivó la apelación.
Sin embargo, la falta de especificación del lugar y la hora de los hechos, no relevantes al ser un delito digital, generó nuevas complicaciones, pues el Tribunal Colegiado cuestionó la suficiencia de los datos probatorios, postergando el proceso.
Además, según Zavala de la Peña, el tribunal no notificó adecuadamente a la agente del Ministerio Público, Martha Raudales, encargada de la litigación oral del caso, paralizando temporalmente la investigación.
En ese sentido, la víctima, Diego, emprendió una serie de esfuerzos por obtener acceso a su expediente en abril de este año, se le informó que estaba en un archivo temporal, situación que no fue notificada por escrito a su representación legal, sino de manera verbal en dos ocasiones en las que este acudió a solicitar la carpeta.
“Es el famoso carpetazo que conocemos”, criticó la abogada.
En una audiencia de control celebrada este martes 25 de junio, la representación legal de la víctima solicitó la revisión del estado procesal de la carpeta, la entrega de copias de las constancias integradas y una nueva vinculación a proceso, a lo que el Juez Reynold Elguezabal Dávila se abstuvo de ordenar la nueva vinculación, argumentando su incapacidad para obligar al Ministerio Público a realizar dicha acción, aun cuando esto sí está dentro de sus facultades, según la abogada.
Además, Martha Raudales, señaló que para dar fe del estado procesal se le llamó en una sola ocasión a la víctima a su celular, sin embargo, este no contesto. Agregó que las copias solicitadas por la representación legal de la víctima se encontraban en ese momento en su poder y serían entregados de manera inmediata.
El juez, sin cuestionar lo dicho por la agente y sin corroborar que esto se había llevado a cabo, dio por terminada la audiencia. Afuera de la sala, la víctima y su representación discutieron con la agente del Ministerio Público, por no entregar la documentación completa, como lo había manifestado minutos antes ante la autoridad.
Parte de la discusión, también fue el argumento de la agente sobre la falta de pruebas para realizar una nueva vinculación de Yessica ‘N’, sin tomar en cuenta que se habían subsanado huecos legales señalados en la vinculación anterior y la existencia de nuevas pruebas.
Según Zavala de la Peña, la agente del Ministerio Público desde el inicio del caso en 2022 ha obstaculizado la investigación al no colaborar con la víctima y su representación legal, incluso después de una queja interpuesta en contra de ella ante la Fiscalía General del Estado.
Ante ello, Zavala de la Peña lamentó la aparente parcialidad del sistema judicial hacia la parte acusada y expresó su temor de que Diego ‘N’ no obtenga la justicia buscada tras casi tres años de lucha, por el solo hecho de ser un hombre.
La parte afectada señaló percibir un patrón de dilación y discriminación de género, lo que los ha llevado a cuestionar la efectividad y la equidad del sistema judicial en casos de violencia sexual digital, conocida por la Ley Olimpia, especialmente cuando el acusado es hombre.
¿QUÉ DICE EL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA SOBRE LA LEY OLIMPIA?
Según el artículo 236 del Código Penal de Coahuila, “se impondrá de tres a seis años de prisión y multa de mil a dos mil unidades de medida y actualización, a quién con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio sexual, por cualquier medio, divulgue, comparta, distribuya, compile, comercialice, solicite y/o publique o amenace con publicar imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente, de contenido íntimo, erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima”, no especificando que esta solo sea aplicada a un género en específico.
Se agrega como agravante el que “el delito sea cometido por el cónyuge o por persona con la que esté, o haya estado unida a la víctima por alguna relación de afectividad, aun sin convivencia”, como sucedió en el caso en cuestión.
Según Zavala de la Peña, a partir de que estas reformas fueron impulsadas por una mujer se han enfrentado a una serie de obstáculos en el ejercicio de la impartición de justicia en el estado, aun cuando el código penal no especifica que esta solo puede ser aplicada para las mujeres.
“Normalmente, si la víctima fuera mujer, se resolvería en un año y medio como máximo, con los estándares mínimos de probabilidad de comisión del delito”, destacó Zavala de la Peña.
Ante ello, opinó que el caso ha dejado al descubierto las complejidades legales en la lucha por la justicia, si no también las deficiencias sistémicas que enfrentan las víctimas de violencia digital en el estado.
